Juez coordinador alertó sobre impunidad para más de 5 mil casos de corrupción si se debilita ley
La presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República han generado controversia al aprobar y promulgar una reforma a la Ley de Extinción de Dominio, ignorando las advertencias del Poder Judicial y el Ministerio Público. Estas instituciones alertaron que las modificaciones representan un grave retroceso en la lucha contra la criminalidad y la corrupción. Sin embargo, el Ejecutivo oficializó los cambios este viernes, tras la aprobación del Congreso en abril con 45 votos a favor. Boluarte, pese a tener plazo hasta el 22 de mayo para objetar la norma, optó por promulgarla sin realizar modificaciones.
La preocupación del sistema de justicia radica en que la reforma limita la capacidad de la Fiscalía para incautar bienes vinculados al crimen organizado sin una sentencia firme. Esto debilita una herramienta crucial en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, y podría favorecer a quienes buscan proteger patrimonios ilícitos mediante vacíos legales.
El juez supremo Manuel Luján Túpez, coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, advirtió en febrero que más de 5,000 casos de corrupción podrían ser archivados si se aprobaba la reforma. El abogado penalista Dino Caro coincide, señalando que las modificaciones sustanciales implicarían el archivo de casi todos los procesos de extinción de dominio en curso.
Entre los cambios más cuestionados se encuentra el requisito de acreditar que los bienes provienen de un delito específico probado por sentencia firme, limitando la aplicación de la ley a casos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, minería ilegal y estafa informática. Además, se permite el acceso al expediente desde la etapa indagatoria, se introduce un plazo de prescripción de cinco años, se obliga a audiencias en casos de oposición a medidas cautelares, se elimina la subasta anticipada de bienes incautados y se añade un nuevo recurso de casación.
El Ministerio Público, que solicitó a Boluarte observar la ley, ha identificado seis casos emblemáticos que se verían afectados:
Vladimir Cerrón: Investigación por organización criminal, con más de S/ 1.5 millones incautados.
Rodolfo Orellana: Investigación por corrupción, crimen organizado y lavado de activos, con inmuebles y una hacienda valorizada en S/ 130 millones incautados.
Alejandro Toledo: Propiedades valoradas en más de 5 millones de dólares.
Pedro Pablo Kuczynski: Dos inmuebles incautados.
Los casos contra Artemio (terrorismo) y Martín Vizcarra también se verían afectados.
La promulgación de esta reforma plantea serias interrogantes sobre quiénes se benefician realmente de estos cambios y el impacto en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado
El Poder Judicial emitió recientemente un comunicado:
