En el marco del proceso penal que afrontan por el caso Gasoducto Sur Peruano, vinculado a la constructora Odebrecht, el Ministerio Público solicitó que se revoque la resolución judicial que archivó el delito de asociación ilícita imputado al expresidente Ollanta Humala, a su esposa Nadine Heredia y a un grupo de exministros.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos —Sexto Despacho— interpuso un recurso de apelación contra la resolución emitida el pasado 3 de julio por el juez Leodan Cristóbal Ayala donde el magistrado declaró “fundada” la excepción de improcedencia de acción presentada el 19 de setiembre de 2025 por la defensa del exministro Luis Miguel Castilla, con la que solicitó el “sobreseimiento” o “archivo” del delito de asociación ilícita a favor de su patrocinado.
Igualmente, el juez dispuso que los efectos de esta decisión se extendieran al expresidente Ollanta Humala, a su esposa Nadine Heredia y a un grupo de exministros implicados, por lo que también ordenó archivar el delito de asociación ilícita que la Fiscalía les atribuye en el caso Gasoducto Sur Peruano.
Dicha instancia fiscal sostiene que, en este caso, se realizó una interpretación incorrecta del artículo 7 del Código Penal al aplicar de manera retroactiva una definición legal. Asimismo, alega que la resolución presenta un vicio trascendental en la debida motivación de las decisiones judiciales y vulnera el principio implícito de seguridad jurídica.
En ese sentido, la Fiscalía solicita que la instancia superior revoque la resolución impugnada y, reformándola, declare infundada la excepción de improcedencia de acción. De manera accesoria, pide que se declare la nulidad de la resolución apelada y se emita un nuevo pronunciamiento.
Por su parte, el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, también interpusieron recursos de apelación para que se anule el extremo de la resolución del juez Leodan Cristóbal Ayala que dispuso que continúen vinculados al proceso especto al “objeto civil”. En concreto, cuestionan que permanezcan sujetos a la eventual determinación del pago de una reparación civil por los presuntos daños y perjuicios derivados del delito de asociación ilícita en agravio del Estado.
En ese contexto, la defensa del expresidente Ollanta Humala y de Nadine Heredia solicita que la instancia superior declare la nulidad del extremo de la resolución apelada y ordene al juez emitir un nuevo pronunciamiento, al considerar que vulneró el deber de motivación de las resoluciones judiciales.
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