Una jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ha ordenado al Estado argentino transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF a los fondos buitre que ganaron el juicio por la nacionalización de la empresa en 2012. Esta decisión es parte de la causa impulsada por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio y obtuvo un fallo por u$s16,099 millones.
La noticia, difundida el 30 de junio por Sebastián Maril de Latin Advisors y posteriormente confirmada por Ámbito, generó un inmediato desplome en las cotizaciones de YPF en Wall Street y la Bolsa porteña, así como una fuerte reacción política del presidente Javier Milei, quien criticó a Axel Kicillof.
Es crucial aclarar que YPF no es parte directa del juicio, sino que sus acciones son consideradas un «botín» en el litigio entre actores privados y el Estado argentino. La petrolera no cuenta con representación legal en este caso, cuya defensa está a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación.
La decisión de la jueza Preska y el verdadero botín: Vaca Muerta
La resolución de la jueza Preska se enmarca en la demanda de Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa) y de Eton Park Capital Management. El reclamo se basa en presuntas irregularidades en el proceso de estatización de YPF, llevado a cabo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía.
No obstante, la nacionalización de YPF contó con el aval de una ley del Congreso votada por amplia mayoría en abril de 2012. Esta decisión no fue aleatoria: un año antes se había redescubierto el inmenso potencial petrolero y gasífero de Vaca Muerta. Este es, según análisis, el verdadero objetivo del fondo litigante y sus inversores.
El reclamo y el triunfo de Burford Capital
El bufete de abogados inglés Burford, especializado en adquirir demandas de países soberanos, es el principal beneficiario de la sentencia en primera instancia de marzo de 2023, en la que la jueza de Nueva York condenó a Argentina por la expropiación de YPF en 2012. El monto de la indemnización fue fijado meses después.
La demanda principal de Burford se sustenta en que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF, la compra de más del 15% de la empresa debía ofrecerse a todos los accionistas y no solo a Repsol. Además, el fondo buitre alega un perjuicio económico debido a la suspensión del giro de dividendos acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que llevó a las empresas del grupo Eskenazi a un default.
Así, en septiembre de 2023, la magistrada emitió una sentencia que obliga a Argentina a pagar u$s16,099 millones como resarcimiento por la forma en que se renacionalizó la petrolera, sin realizar una Oferta Pública de Adquisición a los demás accionistas, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización bajo la presidencia de Carlos Menem.
El paquete accionario que Loretta Preska ha ordenado transferir es el 51% de YPF adquirido por el Estado nacional a la española Repsol, que actualmente permanece bajo control estatal. La magistrada dio un plazo de 14 días desde la firma de la orden para la entrega de estas acciones.
Posición del Gobierno de EE. UU. y alcance del fallo
Días después del segundo triunfo electoral del presidente Donald Trump en EE. UU. —y aún bajo la administración de Joe Biden—, el Departamento de Justicia de EE. UU. se había expedido en contra del argumento de Burford, señalando que el pedido de los demandantes «viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos». El temor del gobierno de Biden era que un embargo forzado de empresas argentinas sentara un precedente internacional que pudiera violar las leyes estadounidenses, permitiendo una futura reciprocidad.
El fondo Burford ya había intentado embargar acciones y activos del Banco Nación de Argentina, Aerolíneas Argentinas e incluso del Banco Central de la República Argentina, pero sin éxito.
Una de las opciones para la defensa argentina es apelar la sentencia y buscar escalar el caso a la Corte Suprema de Justicia de EE. UU. Otra alternativa es solicitar una suspensión de la ejecución de la sentencia para ganar tiempo en la apelación. Sin embargo, la Justicia de EE. UU. y el fondo Burford buscan negociar algún tipo de compensación y un plan de pago de los u$s16,099 millones.
Fuentes cercanas al caso indicaron que la decisión de la jueza busca abrir un período de negociación con representantes del Estado argentino, luego de que altos funcionarios mantuvieran el caso en stand by sin ofrecer garantías de pago.
Además, cualquier entrega de acciones de YPF requeriría la aprobación del Congreso nacional mediante una ley específica, ya que así se renacionalizó la empresa bajo mandato constitucional. En este escenario, el Gobierno o algún legislador debería impulsar la normativa para dar cumplimiento al fallo de Nueva York. Si el presidente Javier Milei decidiera cumplir la sentencia por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el control de YPF pasaría a manos privadas solo si el DNU es avalado por el Congreso.
Desde el Palacio Legislativo también se señaló que el Presidente podría solicitar un permiso especial por ley al Congreso para negociar con los fondos buitre en la Justicia de EE. UU. e intentar reducir significativamente el monto del fallo, buscando un acuerdo a largo plazo.
La reacción de Javier Milei y el impacto en las acciones de YPF
El presidente Javier Milei reaccionó al fallo con una publicación titulada «UN FALLO CONTRA KICILLOF», anunciando que apelarán la decisión judicial. «Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales», afirmó.
Las acciones que la jueza ordenó transferir son las Clase D de YPF, originadas por la venta de acciones Clase A y Clase B al sector privado. Las acciones Clase A pertenecían al Estado nacional, mientras que las Clase B eran propiedad de las provincias con yacimientos de hidrocarburos. En la bolsa, estas acciones se negocian con el símbolo YPFD en Argentina y YPF en Nueva York.
La composición accionaria actual de YPF es la siguiente:
- ACCIONISTAS CLASE A: Estado Nacional 3,764 (0.001%)
- ACCIONISTAS CLASE B: Provincias 7,624 (0.002%)
- ACCIONISTAS CLASE C: Fondo De Empleados 40,422 (0.010%)
- ACCIONISTAS CLASE D: Estado Nacional 200,589,525 (51.000%), Público 192,671,458 (48.987%)
Tras conocerse la noticia, las acciones de YPF aceleraron su caída, perdiendo 5.64% en Wall Street (de u$s33,24 a u$s31,45) y 5% en el S&P Merval (de $39.700 a $38.100), aunque durante la jornada el desplome llegó a tocar 37.300. Hoy el valor bursátil de la compañía no supera los u$s6.000 millones.
Otro fallo de Preska por el default de 2001
En un caso paralelo, la jueza Preska también ordenó a Argentina entregar acciones de YPF al fondo Bainbridge, como contraparte del pago por una sentencia relacionada con el default de deuda de 2001 y la negativa del país a entrar al canje posterior.
Este conflicto involucra los activos argentinos ligados al colateral de los bonos Brady, que habían sido entregados como garantía para el pago de la deuda reestructurada en los años 90. Aunque Argentina culminó el pago de sus obligaciones en 2023, liberando ciertos activos, la reciente disputa ha derivado en nuevos embargos.
Los fondos Bainbridge, Attestor Master, Trinity Investments y Bison Bee LLC son tenedores de deuda argentina que no participaron en los canjes de 2005, 2010 y 2016, y ahora buscan recuperar su inversión mediante el embargo de activos del Estado nacional. Attestor Master tiene derecho sobre u$s460 millones, y Bainbridge Fund, sobre u$s100 millones. Por estas deudas, la magistrada también ha ordenado la entrega de acciones de YPF.
