Las Salas Civiles de la Corte Suprema (Permanente y Transitoria) ahora resolverán de forma aleatoria los recursos de casación presentados en los procesos por extinción de dominio. Esta medida, dispuesta por la Resolución Administrativa 000185-2025-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, busca perfeccionar el proceso de extinción de dominio.
La decisión se basa en el artículo 40-A de la Ley 32326, publicada el 9 de mayo, que modifica el decreto legislativo sobre la materia. Antes de esta ley, los procesos de extinción de dominio finalizaban con la sentencia de la sala superior de apelaciones, sin posibilidad de recurso de casación.
Antes de la nueva normativa, el Subsistema Especializado en Extinción de Dominio (SEED) ya había logrado recuperar para el Estado más de 175 millones de dólares en dinero y bienes obtenidos por organizaciones criminales.
La resolución también contempla la realización de pasantías internacionales para jueces supremos, especializados y superiores del subsistema. El objetivo es fortalecer sus capacidades técnicas mediante el intercambio de experiencias con países que tienen modelos consolidados en la materia. Además, se aprobó la implementación de un plan de inducción y capacitación especializada para jueces supremos de las salas civiles, con posible participación de magistrados del subsistema. El juez supremo Manuel Luján Túpez, coordinador nacional del subsistema, deberá presentar el plan de actividades para su evaluación.
La extinción de dominio es una jurisdicción autónoma y no penal que persigue bienes patrimoniales de origen ilícito o vinculados a actividades delictivas. Su fundamento se basa en estándares internacionales de las convenciones de Viena (1988), Palermo (2000) y Mérida (2003), así como en los lineamientos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Este proceso se ha consolidado como un mecanismo efectivo en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. En sus primeros seis años, Perú registró una alta tasa de eficiencia, con más de 2,600 sentencias emitidas, de las cuales solo 26 fueron revocadas. Esto significa que el 82% de las sentencias no fueron impugnadas, lo que sitúa a Perú como líder en América en la producción de sentencias de extinción de dominio, por delante de países como Guatemala y El Salvador, convirtiéndolo en un referente en la región.
