- Trabajo articulado con las instancias distritales y comunales de concertación y con el gobierno local permite que estén protegidas al prevenir la violencia en su comunidad.
En la búsqueda del involucramiento activo de la población frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, de enero de 2020 a diciembre 2022, se fortaleció las capacidades de 579 defensoras comunitarias. Esto gracias al servicio de Estrategia Rural (ER) del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en los pueblos indígenas u originarios.
Esta intervención, que es desarrollada por los 63 equipos gestores de la ER, comprende impulsar mecanismos de vigilancia comunitaria frente a la violencia de género a partir del liderazgo de las mujeres rurales y en coordinación con las autoridades y operadoras/es del ámbito rural, en el marco del funcionamiento de los sistemas locales para la prevención, atención y protección.
Una de ellas es Feliza Gamarra Atavillos del distrito de Masisea, defensora comunitaria desde hace tres años. “Me siento bien porque soy apoyo para mis vecinas y vecinos. Estoy encargada del distrito Barrio Alto. Me agradecen por el acompañamiento que doy. Antes, la comunidad hacía lo que podía, pero ahora nosotras coordinamos con los equipos de Estrategia Rural y la Policía Nacional del Perú para contribuir al buen vivir, a nivel comunitario y familiar”, detalló.
Desde el distrito del Tapo en Junín, Cecilia Ynga Rosales, defensora comunitaria hace cuatro años, cuenta que aprendió a escuchar y valorarse. “En mi comunidad hubo un cambio, porque les enseñamos a reconocer y prevenir la violencia desde el conocimiento de sus derechos, y para ello, seguimos contando con la asistencia técnica de las/los profesionales de Estrategia Rural”, indicó.
Las defensoras comunitarias son mujeres lideres de las comunidades y distritos focalizados, quienes por 6 a 12 meses, aproximadamente, son capacitadas en vigilancia del riesgo, prevención, identificación, derivación y seguimiento de casos, lo cual tiene como objetivo fortalecer su liderazgo en la defensa de los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables.
Posteriormente, en coordinación con las instancias distritales y comunales de concertación y con el gobierno local, las defensoras son acreditadas, lo que les permite acceder a la protección necesaria ante situaciones de riesgo asociadas al ejercicio de su rol.
Cabe precisar que, en ese periodo de tiempo, el proceso de formación registró la participación de 5419 mujeres. Entre ellas, se autoidentificaron como población indígena andina (quechua o aimara), población indígena amazónica (asháninka, awajun, kichwa, murui-muinani, kukama kukamiria, shawi, yanesha y wampis), afrodescendientes y población mestiza.
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