En audiencia pública la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), abordó las medidas provisionales y la solicitud de ampliación efectuada en torno a la ley de amnistía que favorece a policías, militares y miembros de comités de autodefensa denunciados, acusados o procesados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, en el contexto del conflicto armado interno.
Participaron por la defensa del Estado peruano Ángel Delgado, jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, Manuel Peña, Procurador Público del Parlamento Nacional y los agentes Jorge Luis Cáceres y Cesar Pastor Briceño.
A su turno el Dr. Ángel Delgado, sostuvo que llega ante la Corte en representación de las más de las 60 mil víctimas que causó el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA en el Perú.
“Estamos expresando el sentimiento de un importante sector del país que quiere dejar atrás esta página horrorosa en la vida nacional y garantizar que se haga justicia a plenitud”, expresó Delgado ante la Corte (CIDH).
Agregó que la intención es defender al Estado peruano y a sus instituciones, defender a los congresistas que tuvieron la iniciativa de presentar la ley y a quienes finalmente la ratificaron en una Comisión Permanente la norma.
En este sentido, recordó que los jueces no pueden adelantar opinión por lo que solicitó a la Corte (IDH) no adopte la ampliación de las medidas provisionales, que cumpla con dejar que actúe la jurisdicción interna como dice la Convención y todos los textos internacionales y que se reserve para el debate de fondo que se tendrá una vez que la vía interna se haya agotado.
A su turno el agente del Estado César Pastor Briceño indicó que no se puede admitir lo que supone el escrutinio eterno de los miembros de las Fuerzas Armadas, policías y Comités de Autodefensa tuvieron que organizarse para defenderse de las hordas terroristas muchos de los cuales ya han muerto sin recibir una sentencia absolutoria, ya que no se puede someter a ningún ciudadano peruano a un juicio que dure 20 o 30 años.
“Los representantes de las víctimas son ciudadanos del Estado peruano, pero también lo son los policías y militares, así como los ronderos de los comités de autodefensa.
Recordó que la justicia peruana ya ha determinado que La Cantuta y Barrios Altos son hechos delictivos por lo que ya se ha condenado a 25 personas por estos crímenes repudiables.
