La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción, extendiendo por quincuagésima quinta ocasión la suspensión de tres derechos constitucionales para la ciudadanía y manteniendo la facultad del Ejecutivo para ejecutar contrataciones estatales al margen de los procedimientos ordinarios de la Ley de Compras Públicas. La iniciativa fue promovida mediante dispensa de trámite por la bancada oficialista de Nuevas Ideas, prescindiendo del debate parlamentario y del análisis técnico sobre las observaciones emitidas por diversos organismos internacionales respecto a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con los considerandos del decreto aprobado, el registro acumulado de intervenciones bajo esta medida extraordinaria alcanza las 93 162 detenciones. No obstante, dicho consolidado incluye a las aproximadamente 8 000 personas cuya liberación fue admitida por el propio Ejecutivo a fines de 2024. Las inconsistencias estadísticas se suman a la falta de transparencia del aparato estatal, luego de que instituciones gubernamentales argumentaran carecer de un registro sistematizado sobre arrestos y excarcelaciones efectuados en el marco de este marco legal de emergencia.
En términos operativos, la continuidad del régimen faculta a los agentes policiales a realizar arrestos sin notificación de cargos, prolongar la detención preventiva hasta por 15 días previos a la presentación ante un juez e intervenir comunicaciones privadas sin autorización judicial previa. Las intervenciones parlamentarias de la bancada mayoritaria omitieron el balance de estas restricciones constitucionales y se concentraron en destacar la recuperación del espacio público y el fomento de actividades turísticas y de entretenimiento masivo.
A la par de las facultades operativas, la medida mantiene habilitada la contratación de bienes y servicios sin someterse a los controles ordinarios de la Ley de Compras Públicas. Al respecto, las memorias de gestión del Ministerio de Seguridad reportan la ejecución de 186 millones de dólares mediante mecanismos especiales entre marzo de 2022 y mayo de 2025, tras lo cual la institución omitió detallar sus modalidades de adquisición en los balances correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026.
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