Las reformas educativas impulsadas por el gobierno de El Salvador, bajo la administración del presidente Nayib Bukele, están siendo objeto de un debate público sobre su enfoque y efectividad.
Desde agosto de 2025, la ministra de Educación, Karla Trigueros, ha implementado una serie de medidas disciplinarias estrictas en más de 5,000 escuelas públicas. Estas incluyen regulaciones sobre uniformes, cortes de cabello y la obligatoriedad de saludos formales al ingresar a los planteles. Aunque estas iniciativas buscan reforzar la disciplina en el sistema educativo, han generado críticas por parte de diversos sectores sociales y juveniles.
Algunos críticos argumentan que estas regulaciones, percibidas como una «militarización» de las escuelas, podrían alejar a los estudiantes del sistema educativo y empujarlos hacia el mercado laboral informal.
En el ámbito económico, el gobierno ha informado de una inversión de 1,400 millones de dólares en educación en los últimos cinco años, lo que representa el 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. No obstante, medios de comunicación y organizaciones académicas han cuestionado estas cifras, sugiriendo que podrían estar infladas.
Además, el programa “Mi Nueva Escuela”, que tiene como meta rehabilitar 5,150 centros educativos, ha mostrado un avance lento. Reportes indican que solo el 2% de las obras han sido completadas, con un 6.4% en proceso. A esto se suma la aprobación de recortes presupuestarios que han reducido los fondos del sector educativo en al menos 30 millones de dólares, mientras se incrementaban los recursos destinados a las fuerzas armadas.
Paralelamente, el gobierno ha puesto en marcha otros proyectos con el objetivo de modernizar el sistema educativo. Entre ellos se encuentran las «Becas Roque Dalton» y el apoyo universitario vinculado al Plan Control Territorial. También se inauguró el Key Institute en colaboración con el Tecnológico de Monterrey y se lanzó el plan “Dos Escuelas por Día” para la remodelación de planteles. A pesar de estas iniciativas, el ritmo de implementación ha sido considerado insuficiente para abordar el rezago educativo histórico.
El debate se centra en la aparente contradicción entre la búsqueda de un sistema moderno y disciplinado y la realidad de la deserción estudiantil. Un dirigente magisterial de Panamá, Luis López, ha expresado su apoyo a las medidas que promuevan la disciplina en las escuelas, señalando que existe una “complacencia” excesiva en las leyes educativas.
