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Ceuta no puede terminar en otro punto y seguido. Después de 2021 continuamos prácticamente como antes.
Hay acontecimientos después de los cuales un país puede regresar a la normalidad. Lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 no debería ser uno de ellos. Porque detrás de las cifras hay personas. Hay muertos, una ciudad desbordada y miles de españoles que durante días han visto alteradas su seguridad y su vida cotidiana. Y están también las víctimas más indefensas de aquella avalancha: mujeres y niñas inmigrantes que, después de llegar a Ceuta, denunciaron violaciones y otras agresiones sexuales.
Los juzgados ceutíes investigan varios casos. Entre los procedimientos conocidos públicamente figura la presunta violación de una menor. Dos investigados por agresiones sexuales ingresaron en prisión y un tercero fue expulsado a Marruecos. La Policía Nacional confirmó además seis denuncias presentadas por menores marroquíes por agresiones sexuales. No hablamos de rumores difundidos en las redes sociales. Hablamos de investigaciones policiales y judiciales abiertas.
A ello hay que añadir muertos, servicios públicos sometidos a una presión extraordinaria, miles de personas viviendo durante días en condiciones precarias, delitos, violencia y miedo. Esa es quizá la dimensión más terrible de todo lo ocurrido. Cuando un Estado pierde o renuncia a ejercer el control de una frontera no genera solamente un problema diplomático. Genera también un drama humano, y las primeras víctimas suelen ser precisamente quienes menos capacidad tienen para defenderse.
Marruecos midió mal
MCeuta ha sido noticia en todo el mundo. Hace unos días, durante una videoconferencia con unos amigos del Texas profundo, me preguntaban qué demonios había sucedido allí y cómo había sido posible que el Gobierno de España permitiera llegar a semejante situación. La pregunta, formulada a miles de kilómetros de distancia, resume bastante bien el desconcierto que las imágenes han provocado fuera de nuestras fronteras. No se equivoquen, me consta que esta administración ve con enorme preocupación lo que ha ocurrido y ahí Marruecos midió mal.
Le Monde describió una ciudad de apenas 83.000 habitantes enfrentada repentinamente a la llegada de unas 72.000 personas. Deutsche Welle recogió las mismas cifras oficiales. Euronews habló de una crisis fronteriza sin precedentes y The Guardian publicó testimonios de personas que aseguraban que agentes marroquíes les habían permitido avanzar e incluso las habían animado a dirigirse hacia España.
El propio presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha afirmado públicamente que lo sucedido fue, si no organizado, al menos alentado o permitido por Marruecos, y lo ha definido como un ataque contra la integridad territorial española. Son palabras de una gravedad extraordinaria.
Conviene, sin embargo, separar lo que sabemos de lo que sospechamos. No existen todavía elementos públicos suficientes para afirmar jurídicamente que el Gobierno marroquí ordenó aquella avalancha. Asegurarlo sin pruebas sería un error. Pero resulta igualmente difícil presentar lo sucedido como una simple avería administrativa en una frontera cualquiera. Porque Marruecos ha demostrado, antes y después de aquellos días, que dispone de fuerzas policiales, militares y de seguridad suficientes para controlar los accesos a Ceuta cuando decide hacerlo. El 15 de agosto sus fuerzas de seguridad detuvieron a más de un centenar de personas que intentaban nuevamente alcanzar la ciudad y reforzaron el dispositivo en la zona.
La pregunta resulta entonces inevitable: si podían detenerlos el 15 de agosto, ¿qué ocurrió los días 30 y 31 de julio? ¿Cómo pudieron decenas de miles de personas abandonar territorio marroquí y alcanzar prácticamente al mismo tiempo una frontera española? Rabat debe explicarlo.
Un precedente para no olvidar
Una investigación posterior sobre las redes utilizadas para movilizar a los participantes concluyó que aquel movimiento no había sido completamente espontáneo, sino articulado mediante mecanismos digitales de coordinación y reclutamiento. Eso tampoco demuestra que el Gobierno marroquí estuviera detrás. Pero aumenta todavía más la necesidad de saber qué conocían sus autoridades, cuándo lo conocieron, qué instrucciones recibieron sus fuerzas de seguridad y por qué no consiguieron o no quisieron impedirlo.
Y existe un precedente que España no puede olvidar. En mayo de 2021, otra crisis permitió la entrada en Ceuta de alrededor de 8.000 personas en apenas dos días, después de que Marruecos relajase sus controles fronterizos en plena disputa diplomática con Madrid. Un año después, en junio de 2022, Melilla volvió a mostrarnos hasta dónde puede llegar el desastre. Unas 2.000 personas intentaron atravesar la frontera y al menos 23 murieron según las cifras oficiales marroquíes, aunque distintas organizaciones ofrecieron balances superiores. Tres episodios de esta magnitud obligan, como mínimo, a abandonar la ingenuidad.
Ceuta y Melilla constituyen uno de los puntos en los que Marruecos dispone de mayor capacidad para presionar simultáneamente a España y a la Unión Europea. Y aquí reside la cuestión esencial. Un país puede tener dificultades para controlar sus fronteras. Puede pedir ayuda internacional e incluso reconocer que determinados movimientos migratorios superan temporalmente sus capacidades. Lo que no puede admitirse entre Estados vecinos es que el control de una frontera se convierta en una palanca política.
Derecho a saber
Mucho menos cuando las consecuencias las pagan españoles, policías, guardias civiles y también los propios inmigrantes: hombres ahogados, menores abandonados y mujeres que denuncian agresiones sexuales después de atravesar una frontera que jamás debería haber quedado desbordada de aquella manera. España tiene derecho a saber quién organizó la movilización, quién difundió los mensajes, quién sabía lo que estaba ocurriendo, qué información poseían las autoridades marroquíes, qué órdenes recibieron sus fuerzas de seguridad y, sobre todo, por qué no lo impidieron.
Porque la inmigración puede constituir una tragedia humana, un problema económico o una cuestión policial. Pero cuando un Estado permite conscientemente que grandes movimientos de población sean utilizados para presionar la frontera de otro país, deja de ser solamente inmigración. Se convierte en un instrumento de coerción.
Ningún Estado soberano puede aceptar que la seguridad de sus ciudadanos dependa de que el vecino decida abrir o cerrar una puerta. Por eso, esta vez, Ceuta no puede terminar en otro punto y seguido. Después de 2021 continuamos prácticamente como antes. Después de Melilla, también. Después de julio de 2026, repetir el mismo error sería irresponsable. Esta vez tiene que haber un punto y aparte.
Una frontera europea que depende de Marruecos
Durante demasiado tiempo España ha construido una parte de su política hacia Marruecos sobre una premisa peligrosa: que determinadas concesiones políticas, económicas y diplomáticas garantizarían indefinidamente la colaboración de Rabat en materia migratoria. Conviene recordar algunas cifras. La propia Comisión Europea señala que entre 2021 y 2023 se asignaron aproximadamente 193 millones de euros a Marruecos dentro de programas regionales relacionados con migración, incluida la gestión fronteriza y la lucha contra las redes de tráfico de personas. Para el periodo 2021-2024, la asignación bilateral indicativa de la Unión Europea a Marruecos alcanzó 931 millones de euros en subvenciones. Entre 2014 y 2020 habían sido aproximadamente 1.400 millones.
La Comisión puso además en marcha un programa específico de 150 millones de euros durante cuatro años para reforzar la cooperación migratoria. Y el Plan Económico y de Inversiones para el Mediterráneo contemplaba movilizar hasta 8.400 millones de euros de inversiones en Marruecos hasta 2027, incluidos 1.680 millones procedentes del presupuesto europeo en forma de subvenciones. Son cantidades suficientemente importantes para que Europa pueda exigir resultados.
No puede funcionar indefinidamente un sistema en el que el contribuyente europeo financia la cooperación fronteriza y, al mismo tiempo, una frontera exterior de la Unión puede prácticamente desaparecer durante unas horas porque el Estado situado al otro lado deja de ejercer eficazmente un control que ha demostrado saber ejercer. Si algún día se demostrase que esa permisividad fue deliberada y estuvo destinada a obtener ventajas políticas, ya no estaríamos hablando simplemente de inmigración irregular. Estaríamos ante una forma de coerción híbrida mediante movimientos de población. Y España tendría que responder en consecuencia.
La historia que conviene conocer
Para comprender nuestra relación con Marruecos conviene también conocer su historia sin caricaturas. El Tratado de Fez de 1912 convirtió la mayor parte de Marruecos en protectorado francés, mientras España administraba zonas del norte y del sur. Francia asumió competencias fundamentales en defensa, política exterior y administración y desempeñó un papel decisivo en la construcción de las estructuras administrativas, infraestructuras y comunicaciones del Marruecos contemporáneo. Pero aquel dominio nunca fue pacífico.
Entre 1921 y 1926 las tribus rifeñas encabezadas por Abd el-Krim protagonizaron una formidable resistencia frente a España y Francia y llegaron a constituir la República del Rif. Aquella guerra recordó a las potencias europeas algo que la historia del norte de África ha demostrado repetidamente: controlar las ciudades es relativamente sencillo; dominar sociedades, montañas y territorios enteros es otra cosa.
Marruecos recuperó plenamente su independencia en 1956 bajo Mohammed V, que un año después adoptó el título de rey. El Estado contemporáneo combinó así una tradición monárquica muy anterior al protectorado con instituciones y estructuras profundamente transformadas durante el periodo colonial. Después llegó una cuestión todavía pendiente: el Sáhara Occidental. Tras la retirada española en 1976 comenzó el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario. Rabat terminó construyendo un gigantesco sistema defensivo de bermas de arena de miles de kilómetros, mientras Naciones Unidas creó en 1991 la MINURSO para supervisar el alto el fuego y contribuir a encontrar una solución que, décadas después, continúa pendiente.
Tanto la situación de los derechos humanos en el Rif como la del Sáhara Occidental han provocado durante años denuncias de organizaciones internacionales. Es un asunto que merece ser estudiado sin eufemismos, pero también sin simplificaciones.
Hay, sin embargo, una paradoja que los españoles deberían conocer. Marruecos entiende perfectamente el concepto de profundidad defensiva. Lo aplica cuando considera amenazados sus intereses. España tiene exactamente el mismo derecho a pensar estratégicamente en la protección de los suyos, dentro de los límites que establece el Derecho internacional.
Ceuta estaba allí mucho antes
Existe además una idea que la diplomacia española ha permitido circular durante demasiado tiempo: presentar Ceuta como una especie de residuo reciente del colonialismo español en Marruecos. He escuchado esa cantinela en Washington, Lima, Quito y en otros lugares de Hispanoamérica donde la diplomacia marroquí lleva años trabajando mientras España demasiadas veces guarda silencio. Pero la historia es bastante más incómoda para ese relato.
Portugal conquistó Ceuta en 1415. Tras la separación de las coronas española y portuguesa, la ciudad permaneció vinculada a España y el Tratado de Lisboa de 1668 reconoció formalmente la soberanía española. Esa situación sería además objeto de posteriores acuerdos con los sultanes marroquíes durante los siglos XVIII y XIX. La presencia española en Ceuta es, por tanto, varios siglos anterior a la independencia del Marruecos contemporáneo en 1956.
Esto no significa, naturalmente, que antes de 1956 no existiera un Estado marroquí. Existía y poseía una tradición histórica muy anterior al protectorado. Significa algo diferente y mucho más importante: Ceuta no fue arrebatada al Reino de Marruecos después de su independencia.
Un vecino que se rearma
España tampoco puede analizar su relación con Marruecos ignorando el importante proceso de modernización de sus Fuerzas Armadas y el crecimiento de sus capacidades militares. No hablamos únicamente de presupuestos. Hablamos de armamento concreto.
Estados Unidos autorizó la posible venta a Marruecos de 18 lanzadores HIMARS, misiles ATACMS y munición guiada por un importe máximo estimado de 524,2 millones de dólares. Rabat ha adquirido además helicópteros de ataque AH-64E Apache. El paquete inicialmente autorizado por Washington contemplaba hasta 36 aeronaves y armamento asociado por un máximo estimado de 4.250 millones de dólares, aunque el contrato inicial correspondió a 24 aparatos.
A ello se suma la modernización de su fuerza de F-16. Estados Unidos autorizó 25 nuevos F-16V por un máximo estimado de 3.790 millones de dólares y la modernización de los 23 existentes por otros 985 millones. Nada de esto convierte a Marruecos en enemigo de España. Afirmarlo sería absurdo.
Pero sería todavía más absurdo que España ignorase la transformación militar de su vecino meridional mientras nosotros discutimos durante años determinadas inversiones indispensables para nuestra propia defensa. Entre Estados, la prudencia no consiste en desconfiar permanentemente. Consiste en estar preparado incluso cuando existe confianza.
Cooperación sí; ingenuidad no
También existe una dimensión institucional. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International otorgó a Marruecos 39 puntos sobre 100 y el puesto 91 entre 182 países. España no tiene que decir a los marroquíes cómo deben gobernarse. Eso corresponde exclusivamente a los ciudadanos de Marruecos. Lo que España sí tiene la obligación de valorar es cómo se comporta el Estado marroquí respecto de nuestro país. Y después de Ceuta esa relación necesita cambiar.
No mediante una ruptura irracional. Mediante un punto y aparte construido sobre tres vectores: diplomacia, economía y defensa.
Primer vector: diplomacia
España debe aumentar el coste diplomático de cualquier futura instrumentalización deliberada de la frontera, ya que aun no lo ha hecho. Ante una repetición de hechos semejantes y si existieran evidencias suficientes de tolerancia consciente por parte de Rabat, debería contemplarse la llamada a consultas del embajador español, la convocatoria del representante marroquí y, llegado el caso, una reducción temporal del nivel de las relaciones diplomáticas.
España debería exigir además una posición inequívoca de la Unión Europea: la instrumentalización deliberada de movimientos migratorios contra una frontera exterior europea no puede considerarse simplemente un problema bilateral entre Madrid y Rabat. Y deberíamos llevar la cuestión al Consejo Atlántico. Ceuta y Melilla no aparecen expresamente mencionadas en el ámbito territorial descrito por el artículo 6 del Tratado de Washington. España debería trabajar para eliminar cualquier incertidumbre política acerca de la solidaridad aliada con ambas ciudades. Es también el momento de cumplir seriamente nuestras obligaciones de defensa dentro de la Alianza. Pedir protección a nuestros aliados exige demostrar que nosotros mismos estamos dispuestos a invertir en nuestra protección.
En el ámbito europeo contamos además con el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea y su cláusula de asistencia mutua. La relación bilateral debe someterse igualmente a una revisión más amplia. Cualquier régimen extraordinariamente favorable de movilidad o cooperación deberá depender de que exista reciprocidad real, siempre respetando los derechos individuales, la legislación española y el ordenamiento europeo. La política exterior necesita incentivos. Pero también necesita consecuencias.
Segundo vector: economía y energía
La cooperación económica tampoco puede convertirse en un cheque en blanco. España debería impulsar en Bruselas un mecanismo que someta las ayudas específicamente destinadas a cooperación migratoria y control fronterizo a una condicionalidad verificable. La regla debería ser comprensible para cualquiera: Si existe cooperación, existe ayuda. Si desaparece la cooperación, la ayuda debe revisarse.
No parece razonable explicar al contribuyente europeo que se destinan cientos de millones de euros a controlar los flujos migratorios mientras decenas de miles de personas pueden alcanzar una frontera comunitaria en cuestión de horas. España debería revisar también determinados programas bilaterales de inversión y cooperación si llegara a demostrarse que las autoridades marroquíes permitieron conscientemente utilizar la presión migratoria como instrumento político.
Y existe una palanca adicional de la que hablamos sorprendentemente poco: la energía. Marruecos ha hecho un esfuerzo considerable para desarrollar las renovables y reducir su dependencia exterior. Eso merece ser reconocido. Pero su sistema eléctrico continúa físicamente conectado al español. Dos cables submarinos unen ambos países y Red Eléctrica contempla una capacidad comercial que puede alcanzar los 900 MW en dirección España-Marruecos. Los datos de junio de 2026 resultan especialmente reveladores: el 99,3 % de los intercambios físicos de aquella interconexión circularon desde España hacia Marruecos.
Está además el gas. La extraordinaria infraestructura española de GNL y la posibilidad de utilizar en sentido inverso el Gasoducto Magreb-Europa han proporcionado a Marruecos una importante vía adicional de abastecimiento y diversificación. No estoy proponiendo apagar la luz de Marruecos. Sería una irresponsabilidad convertir la energía en un castigo contra la población civil y España debe cumplir sus contratos y obligaciones internacionales. Estoy diciendo algo bastante más elemental: las interdependencias también forman parte de la política exterior.
Madrid debería revisar jurídicamente los acuerdos existentes, las futuras capacidades de intercambio, las nuevas inversiones e interconexiones y cualquier condición preferente susceptible de vincularse a una cooperación fronteriza efectiva. Cooperar energéticamente con un vecino que coopera con nosotros es lógico. Dar por sentado que todas las ventajas de esa cooperación permanecerán intactas cualquiera que sea su comportamiento hacia España no lo es. Una relación estratégica funciona en las dos direcciones.
Tercer vector: defensa
Y llegamos probablemente a la principal lección de Ceuta. España necesita recuperar profundidad defensiva. No podemos diseñar la seguridad de una ciudad española partiendo de la premisa de que el Estado situado a pocos metros colaborará siempre con nosotros. Ceuta y Melilla necesitan una frontera tecnológicamente avanzada: sensores terrestres, vigilancia aérea permanente, drones de reconocimiento, radares costeros, sistemas electroópticos, barreras físicas modernas y medios marítimos suficientes.
Necesitamos además planes previamente establecidos para que las Fuerzas Armadas puedan proporcionar, dentro del marco constitucional y legal correspondiente, el apoyo necesario a Policía Nacional y Guardia Civil ante episodios extraordinarios. Debería estudiarse igualmente una fuerza de reacción específicamente preparada para las dos ciudades y un plan nacional de contingencia frente a escenarios de presión híbrida.
España debería plantear a Marruecos, además, la creación mediante acuerdo bilateral de zonas avanzadas de seguridad en territorio marroquí, con suficiente profundidad para impedir que concentraciones de decenas de miles de personas puedan alcanzar de nuevo el perímetro español. No estamos inventando ningún concepto estratégico.
Israel ha recurrido históricamente a barreras y zonas de seguridad para aumentar la distancia entre determinadas amenazas y sus poblaciones. Marruecos construyó en el Sáhara Occidental un gigantesco sistema de bermas precisamente para obtener profundidad defensiva. Estados Unidos lleva décadas reforzando su frontera meridional. España debe estudiar esas experiencias y extraer sus propias conclusiones.
La doctrina debería ser sencilla: profundidad defensiva mediante acuerdos cuando sea posible; fortificación, vigilancia y capacidad inmediata de reacción dentro de nuestro territorio cuando no lo sea; y planificación previa de los escenarios extremos que puedan afectar a la soberanía española, siempre dentro del Derecho internacional y del derecho de legítima defensa. La frontera no puede empezar a defenderse cuando decenas de miles de personas ya han llegado a la playa.
Disuasión: un debate inevitable
Todo esto conduce a una cuestión todavía mayor. España necesita recuperar algo que ha ido perdiendo durante décadas: cultura estratégica. Marruecos piensa estratégicamente. Argelia piensa estratégicamente. Francia piensa estratégicamente. Turquía piensa estratégicamente. España, demasiadas veces, piensa en función del presupuesto, del calendario electoral y del Gobierno de turno.
Y la política exterior de una nación seria no puede cambiar cada cuatro años según las necesidades electorales de quien ocupe La Moncloa. Nuestro país debe acelerar su rearme convencional, reforzar la defensa aérea y antimisil, mejorar las capacidades navales del Estrecho, aumentar nuestros medios de inteligencia y vigilancia y disponer de fuerza suficiente para que cualquier adversario potencial llegue a una conclusión muy sencilla: presionar a España tiene un coste.
Existe incluso un debate mucho más incómodo que algún día tendremos que afrontar. España desarrolló durante el franquismo el llamado Proyecto Islero, destinado a estudiar una posible capacidad nuclear militar. Aquellos trabajos terminaron abandonándose y nuestro país es desde 1987 Estado parte del Tratado de No Proliferación Nuclear como Estado no poseedor de armas nucleares.
Por eso hablar seriamente de una capacidad nuclear española no consiste en desempolvar clandestinamente el Proyecto Islero. Implicaría replantear obligaciones internacionales fundamentales y toda nuestra posición dentro de la arquitectura europea y atlántica de seguridad.
Pero existe una pregunta previa que sí debemos formularnos. ¿Es suficiente la actual disuasión de la OTAN para garantizar todos los territorios españoles? ¿Necesita Europa desarrollar una verdadera disuasión nuclear europea apoyada en la capacidad francesa? ¿Y qué garantías específicas necesita España en su flanco sur? Plantear esas preguntas no es belicismo. Belicismo es querer una guerra. Disuasión es conseguir que nadie considere rentable empezarla.
Una relación nueva
España no necesita enemistarse con Marruecos. Necesita que Marruecos comprenda dónde termina la cooperación y dónde comienza la soberanía española. Los pueblos español y marroquí seguirán siendo vecinos mucho después de que hayan desaparecido los gobiernos actuales y también quienes escribimos estas líneas. Precisamente por eso necesitamos construir una relación basada en reglas claras y no en dependencias, silencios o temores.
Marruecos tiene derecho a defender sus intereses. España también. Marruecos tiene derecho a reforzar sus Fuerzas Armadas. España también. Marruecos tiene derecho a proteger sus fronteras. España también. Y los españoles de Ceuta y Melilla tienen exactamente el mismo derecho a sentirse protegidos por su Estado que quienes viven en Madrid, Sevilla, Barcelona o La Coruña. Lo ocurrido los días 30 y 31 de julio de 2026 no debería desaparecer de nuestra memoria cuando desaparezcan las últimas imágenes de televisión.
Setenta y dos mil entradas en unas horas constituyen una advertencia histórica. La respuesta inteligente no consiste en proclamar una guerra que jurídicamente no existe. Consiste en comprender algo mucho más elemental: las relaciones entre Estados deben cambiar cuando cambia el comportamiento de los Estados. Diplomacia con consecuencias. Cooperación económica condicionada. Defensa suficiente. Y una capacidad de disuasión que consiga que nadie tenga jamás la tentación de averiguar hasta dónde está dispuesta España a defender su territorio y a sus ciudadanos.
Los romanos condensaron esa lógica en una sentencia que ha sobrevivido durante siglos: Si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. España lleva demasiado tiempo repitiendo la primera mitad. Quizá Ceuta nos haya recordado la segunda.
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