Tras sostener una reunión oficial con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la legitimidad de las operaciones navales desplegadas por las fuerzas armadas de su país en aguas ecuatorianas. El funcionario sostuvo que dichas intervenciones se enmarcan en acuerdos bilaterales y bajo el respeto estricto de las leyes locales.
Rubio precisó que la estrategia en el Pacífico Oriental busca neutralizar las redes del narcotráfico y combatir la pesca ilegal que amenaza zonas vulnerables como las Islas Galápagos. Asimismo, argumentó que las operaciones antidrogas han evolucionado de intervenciones unilaterales en aguas internacionales a patrullajes combinados dentro de la jurisdicción marítima de los países aliados.
Denuncias de afectados y rechazo de organizaciones civiles
Frente a las declaraciones de la delegación estadounidense, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) reportó que al menos 143 pescadores locales se han visto perjudicados por el ataque y hundimiento de ocho embarcaciones en aguas territoriales o zonas contiguas. En paralelo, el Comando Sur de EE. UU. confirmó la destrucción de una novena nave sospechosa de reabastecer a organizaciones criminales.
Por su parte, diversos colectivos sociales, sindicatos de trabajadores del mar y organizaciones de derechos humanos manifestaron su rechazo a la visita del diplomático norteamericano. Los manifestantes sostienen que la presencia de tropas extranjeras atenta contra la soberanía nacional y la seguridad de los trabajadores pesqueros, a quienes consideran víctimas directas de detenciones arbitrarias y destrucción de herramientas de trabajo sin el debido proceso legal.
