El ciberactivista sueco Ola Bini fue abordado el mediodía del jueves 1 de octubre en el norte de Quito por personas identificadas como agentes del servicio de Migración, quienes lo trasladaron en un vehículo hacia sus dependencias tras retirarle sus documentos personales y equipo telefónico.
De acuerdo con el escrito de habeas corpus ingresado en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) por sus abogadas, la retención se produjo sin que se presentara una orden judicial de captura o detención formal, notificándosele de manera verbal la revocatoria de su estatus migratorio.
La defensa del afectado, encabezada por el abogado Carlos Soria, fundamentó el recurso alegando la inexistencia de una resolución administrativa previa formalmente notificada. Pese a que el caso penal interpuesto en años anteriores por presunto acceso no consentido a sistemas informáticos ya había prescrito y mantenía todas las medidas cautelares levantadas, las autoridades fijaron una audiencia de deportación para la noche del mismo jueves.
Expulsión del país e informes de inteligencia
Durante las primeras horas del viernes 2 de octubre, Ola Bini confirmó a través de sus redes sociales que fue conducido hacia el aeropuerto bajo resguardo policial para concretar su salida inmediata del territorio ecuatoriano. El extranjero denunció que la medida se ejecutó antes de que los tribunales revisaran y resuelvan el recurso constitucional interpuesto para garantizar sus derechos.
La revocatoria de la visa y el proceso de deportación express se sustentaron en criterios de amenaza y riesgo contra la seguridad pública y la estructura del Estado. Según la documentación vinculada al proceso judicial y el pedido de Amicus Curiae, el Ministerio del Interior y los organismos de control justificaron la expulsión basándose en reportes e informes de inteligencia clasificados como secretos y de carácter reservado.
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