Por Sandra Salinas Gervassi- Artículo de opinión
Pex
Candidata al Senado con el #1
Por el partido Primero la gente
El Perú atraviesa una de las etapas más críticas en materia de seguridad ciudadana. Las cifras de extorsión, sicariato y crimen organizado no solo alarman: evidencian que el Estado ha perdido capacidad de respuesta frente a estructuras criminales cada vez más sofisticadas. Pero esta crisis no es producto únicamente de la audacia de los delincuentes; también es consecuencia de decisiones políticas equivocadas.
En los últimos años, el Congreso ha aprobado normas que, lejos de fortalecer la lucha contra el crimen, han debilitado herramientas clave del sistema de justicia. Se han limitado figuras como la colaboración eficaz, se han impuesto restricciones a la prisión preventiva sin una reforma integral alternativa y se han generado obstáculos para investigar organizaciones criminales complejas. En nombre de la defensa de derechos —que nadie discute— se ha terminado favoreciendo la impunidad.
El garantismo mal entendido se ha convertido en un escudo para redes criminales que operan con recursos, abogados especializados y estrategias dilatorias. No se trata de vulnerar derechos fundamentales, sino de comprender que el equilibrio entre garantías y eficacia es indispensable. Cuando la balanza se inclina excesivamente hacia la formalidad procesal sin considerar la realidad del crimen organizado, el resultado es previsible: investigaciones debilitadas y delincuentes en libertad.
El problema no es la defensa de derechos; el problema es legislar sin diagnóstico técnico y sin escuchar a quienes operan el sistema de justicia. Fiscales y jueces especializados han advertido reiteradamente que ciertas modificaciones normativas reducen su capacidad de desarticular mafias. Sin herramientas como interceptaciones oportunas, plazos razonables para investigaciones complejas y mecanismos eficaces de colaboración, combatir organizaciones criminales se vuelve casi imposible.
Además, se ha promovido un discurso político simplista que responsabiliza exclusivamente a la policía o al Ministerio Público por la inseguridad. Sin embargo, la política criminal es una responsabilidad compartida y, sobre todo, legislativa. No se puede exigir resultados mientras se desmantelan instrumentos legales fundamentales.
Derogar las leyes que han debilitado la persecución del crimen organizado no es una postura autoritaria; es una necesidad institucional. Significa restituir coherencia al sistema penal y devolverle al Estado capacidad de acción. La seguridad ciudadana no puede estar sujeta a cálculos políticos coyunturales ni a discursos populistas que oscilan entre el punitivismo extremo y el permisivismo irresponsable.
El enfoque debe ser integral. Derogar normas perjudiciales es el primer paso, pero también se requiere fortalecer la carrera fiscal y judicial, blindar las instituciones frente a presiones políticas y dotar de recursos reales a las unidades especializadas. La lucha contra el crimen organizado no se gana con estados de emergencia permanentes ni con anuncios mediáticos; se gana con instituciones sólidas y reglas claras.
Asimismo, es indispensable recuperar la seriedad en el debate legislativo. Las reformas penales no pueden aprobarse sin evaluación de impacto ni consulta técnica. La improvisación normativa tiene consecuencias directas en la vida de los ciudadanos. Cada ley mal diseñada se traduce en un proceso fallido, en una investigación truncada o en una víctima más.
Hoy el país necesita liderazgo político que asuma el costo de corregir errores. Derogar las llamadas leyes “pro crimen” no debe entenderse como una admisión de fracaso, sino como un acto de responsabilidad democrática. Rectificar es parte del ejercicio maduro del poder.
La seguridad no se construye con discursos polarizantes ni con reformas improvisadas. Se construye con Estado de derecho, institucionalidad fuerte y coherencia legislativa. Si el Congreso realmente quiere enfrentar la inseguridad, debe empezar por revisar y eliminar aquellas normas que han debilitado la lucha contra el crimen organizado.
El Perú no puede permitirse seguir legislando a favor de la impunidad. La ciudadanía exige resultados, pero también exige responsabilidad. Y la responsabilidad política comienza por reconocer que algunas leyes han sido un error y deben ser derogadas sin titubeos.
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