Foto: Foros Perú
Por María del Pilar Tello
Artículo de opinión
En una democracia constitucional, el poder se controla por la ley y sobre todo por la ética y la moral pública. Hay conductas que, antes de cualquier investigación judicial, deslegitiman el ejercicio del poder porque revelan abuso, irresponsabilidad y desprecio por la dignidad humana. Eso es exactamente lo que ocurre cuando se acepta como normal que jóvenes profesionales ingresen de noche al despacho presidencial y salgan en la madrugada, quedando registradas oficialmente como visitas en Palacio de Gobierno.
Aquí no hay especulación. Existen listados oficiales con horarios nocturnos y de madrugada. Y existe también un segundo hecho probado y difundido: varias de esas jóvenes obtuvieron posteriormente contratos con el Estado. Estos dos elementos, por sí solos, configuran una situación grave de mal uso del poder, independientemente de que más adelante se determinen o no responsabilidades penales.
El horario no es un detalle anecdótico. La noche en el ejercicio del poder importa. El poder ejercido fuera de los horarios administrativos, en un espacio cerrado, privado y sin testigos institucionales, rompe los principios básicos de transparencia. Pero, además, acentúa la asimetría entre quien ostenta la máxima autoridad del Estado y quien se encuentra en posición frágil y dependiente.
El abuso de poder no requiere violencia ni coacción explícita. Basta la posición de superioridad para condicionar conductas. Jóvenes mujeres que empiezan su vida profesional, convocadas o recibidas de noche en el despacho presidencial, no están en condiciones de igualdad. El contexto mismo convierte la situación en abusiva.
Lo más grave es que estas mujeres cargan con el costo social del escándalo. Han sido expuestas, señaladas y estigmatizadas públicamente. El uso del término “visitadoras” no es una anécdota lingüística: es violencia simbólica de género. Las reduce, las degrada y las despoja de su condición de profesionales. Pero esa estigmatización es consecuencia directa de un ejercicio antiético del poder presidencial.
Jeri no solo falló en proteger la investidura, también falló en proteger a las personas que ingresaron a su despacho con nocturnidad. El poder tiene un deber reforzado de cuidado. El daño mayor recae sobre quien tiene menos poder y menos capacidad de defensa pública.
La obtención posterior de contratos estatales agrava aún más la situación. No es solo imprudencia o falta de criterio, es el quiebre de la meritocracia. El mensaje es devastador: que el acceso a oportunidades públicas puede depender de la cercanía personal al poder y no de procedimientos objetivos, concursos ni capacidades.
El despacho presidencial no es un lugar neutro, privado y sin reglas. Es el corazón simbólico del Estado. Convertirlo en un espacio de relaciones ambiguas, nocturnas y opacas es una forma de degradar la función presidencial y de trivializar el abuso.
Este caso exige reconocer que el abuso de poder también existe cuando el daño de género no siempre es un delito, cuando deja huellas reales en la vida de las mujeres expuestas.
Una democracia sana sanciona delitos. Previene abusos, protege a los vulnerables y exige ejemplaridad a quienes gobiernan. Cuando el poder olvida eso, deja de ser autoridad y se convierte en riesgo.
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