El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunció la depuración oficial del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), una medida que reduce drásticamente el número de inscritos: de más de 82 mil registros activos, solo 31,560 operadores mineros continuarán en el proceso hacia la formalización. Esta decisión deja fuera a más de 50 mil mineros.
¿Por qué fueron excluidos?
La depuración responde a criterios técnicos definidos en la normativa vigente. De acuerdo con el MINEM, los mineros fueron retirados del REINFO principalmente por no presentar el Instrumento de Gestión Ambiental (IGAFOM), no haber entregado su declaración de compromiso, o no acreditar actividad minera real en campo.
Según explicó el viceministro de Minas, Martín Esparza Zúñiga, el objetivo de esta acción es “ordenar el proceso de formalización y garantizar que solo continúen aquellos operadores que realmente cumplen con los requisitos técnicos y legales para avanzar”.
De 82,000 a 31,560 registros activos
El REINFO, creado en 2017, nació como un mecanismo temporal para permitir que los mineros informales accedan a la formalización bajo ciertas condiciones. Sin embargo, tras varias prórrogas y postergaciones, el sistema se convirtió en objeto de debate por la opinión pública.
Con esta depuración, se busca marcar un punto de quiebre: el número de inscritos activos pasa de 82,000 a 31,560. Para el MINEM, esta cifra representa un universo más viable y verificable para el acompañamiento técnico y la fiscalización.
¿Qué pasará con los excluidos?
Aunque la depuración del REINFO responde a criterios técnicos establecidos en la normativa vigente, la medida vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural: las condiciones desiguales en las que miles de pequeños productores mineros han intentado formalizarse a lo largo de los años.
La exclusión de más de 50 mil operadores refleja no solo un esfuerzo de depuración, sino también las limitaciones del propio proceso de formalización, que ha sido históricamente criticado por su burocracia, falta de asistencia técnica efectiva y escaso enfoque territorial.
Diversos especialistas y organizaciones de base han advertido que la mayoría de mineros informales carece de acceso a asesoría legal, recursos económicos o acompañamiento técnico, lo que los deja en una situación de indefensión frente a los requisitos exigidos por el Estado. Sin una estrategia clara de reconversión productiva o políticas diferenciadas por región, esta depuración podría tener efectos sociales complejos, como el aumento de tensiones en zonas de minería artesanal.
Así, el reto pendiente no es solo depurar el padrón, sino construir una política pública que logre diferenciar entre minería informal, artesanal e ilegal, y que ofrezca caminos reales de salida para quienes llevan años intentando formalizarse sin apoyo suficiente.
