La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que no le inquieta la denuncia constitucional interpuesta por Patricia Benavides ante el Congreso y subrayó que afrontará cualquier proceso sin temor.
«No tengo temor a ninguna denuncia(…) Cuando se tiene la conciencia limpia, no se tiene temor de afrontar cualquier denuncia, cualquier investigación (…) No tengo temor como otras personas que denuncian a quien los investiga porque tienen temor y no deberían tener temor», expresó en radio Yaraví.
Espinoza explicó que todavía no ha sido notificada formalmente sobre la acusación en su contra, pero que está dispuesta a presentar sus descargos cuando corresponda. A su juicio, este tipo de denuncias forman parte de una estrategia reiterada en su contra por parte de quienes buscan obstaculizar el ejercicio de sus funciones.
«La verdad no conozco los pormenores, los detalles, los hechos que se me tribuyen porque no he sido notificada todavía (…) Haré mis descargos como en las varias denuncias constitucionales que se me han presentado, considero de manera ligera. En realidad, son denuncias que se presentan contra mí por cumplir con mis funciones, por hacer respetar la constitucionalidad, la ley. Porque acá no se trata de que voy a obedecer ilegalidades», comentó.
Cabe recordar, que el 28 de agosto, la defensa de Patricia Benavides presentó la denuncia constitucional por supuestas infracciones, abuso de autoridad y prevaricato, solicitando incluso la inhabilitación de Espinoza por 10 años. El trasfondo de este enfrentamiento está vinculado a la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de ordenar la reincorporación de Benavides, medida que Espinoza cuestionó en su momento.
Benavides, mediante su abogado Juan Peña, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntas infracciones constitucionales, abuso de autoridad y prevaricato. En su denuncia, la defensa exige que se inicie el procedimiento de acusación constitucional, antejuicio, y eventualmente juicio político, con el propósito de que Benavides sea denunciada ante la Corte Suprema y, adicionalmente, inhabilitada por diez años para ejercer la función pública.
