Votación del Pleno fue por unanimidad. El plazo es por 60 días.
Por unanimidad, el Pleno del Parlamento Nacional aprobó delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el plazo de 60 días calendario en materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios, en los términos a que hace referencia el artículo 104° de la Constitución Política del Perú y el artículo 90° del Reglamento del Congreso, incluyendo algunas propuestas de las diferentes bancadas.
La propuesta del pedido facultades consiste en modificar la Ley 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las inversiones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y otras normas vinculadas, a efectos de modificar e incorporar medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios.
También establece disposiciones especiales para la atención a la población damnificada con vivienda colapsada o inhabitable con daño que será recuperable con el Bono Familiar Habitacional (BFH). De igual manera, establece el marco general para impulsar el desarrollo de infraestructura del sistema de drenaje pluvial que sirvan para la recolección, transporte, almacenamiento y evacuación de las aguas pluviales a fin de evitar inundaciones.
Otro pedido del Ejecutivo, es optimizar el marco institucional y los procesos para la obtención y saneamiento de predios requeridos para la ejecución de proyectos de inversión que permitan el cierre de brechas de infraestructura y el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales a cargo del Estado peruano, así como facilitar el saneamiento físico legal de inmuebles destinados a servicios y otros usos por el Estado.
Asimismo, establece disposiciones que fortalezcan la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, asegurando su sostenibilidad. Además, mejorar el marco legal de obras por impuesto y modalidades similares para acelerar la intervención de los gobiernos nacional y subnacional en el cierre de brechas de inversión, infraestructura y servicios.
Finalmeente, propone mejorar y consolidar las reglas, criterios y procesos aplicados durante el planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual de los proyectos ejecutados al amparo de las normas del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, garantizando el valor del dinero, la eficiencia y la predictibilidad en todas las fases, así como el fortalecimiento de las entidades que conforman el sistema.
Durante el debate, el congresista Jorge Del Castillo se mostró a favor de la norma sobre el pedido de facultades porque, dijo, el Estado debe iniciar en la brevedad la reconstrucción.
En tanto, la legisladora Tania Pariona Tarqui (NP), dijo que la norma es importante, pero invocó al Estado que dé prioridad a las comunidades nativas. Igual opinión, tuvo la congresista Gloria Montenegro (APP), pero agregó que se debe dar solución inmediata al sector salud.
La congresista Alejandra Aramayo (FP) fue crítica contra el gobierno porque señaló que los montos no se ajustaron a la reconstrucción, pero aclaró que el gobierno anterior no invirtió dinero en la reconstrucción.
El legislador Javier Velásquez Quesquén (CPA) sostuvo que no hay una política coherente frente a la reconstrucción. Dijo que los ex ministros no cumplieron con la ayuda que pedía la población afectada por el fenómeno de El Niño Costero.
La legisladora Karla Schaefer Cuculiza (FP) exhortó la Poder Ejecutivo que cuando reglamenten, prioricen al ser humano para que les devuelvan la vida a los damnificados. “Nos preocupa mucho que a la fecha se han desembolsado más de 7 mil millones, solo el 4% de las obras están concluidas, mientras siguen en escombros los colegios y diques de los ríos”, expresó.
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