La actitud sospechosa del conductor motivó la realización de pruebas de laboratorio que confirmaron la presencia de sustancias ilícitas.
Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) adscritos a la Dirección Antidrogas (Dirandro) detuvieron a dos integrantes de la red criminal ‘Los Hábiles de Patria’ tras hallar 22 kilos con 880 gramos de clorhidrato de cocaína en la provincia de Paucartambo, Cusco. El cargamento ilegal era trasladado en una camioneta que transitaba por la ruta Paucartambo-Patria, a la altura del distrito de Chayabamba.
El vehículo era conducido por Pío Darío Yapura Cutiri (33), quien viajaba acompañado de su esposa, Zenobia Chura Zamata, y de su menor hija de tres años. La conducta evasiva y el nerviosismo del chofer durante el control policial llevaron a los efectivos a aplicar pruebas de adherencia en la estructura de la unidad, obteniendo resultados positivos para restos de estupefacientes.
Ante las evidencias iniciales, el personal policial procedió con la inspección del automóvil mediante punzones metálicos en la zona de la maletera. Al perforar la estructura, los agentes extraerion un polvo blanquecino que, sometido al reactivo químico, arrojó una coloración azul turquesa, confirmando la composición del alcaloide.
El registro profundo de la unidad permitió desarticular un sistema de acondicionamiento ubicado en los guardafangos y en la parte posterior del parachoques. En total, las fuerzas del orden incautaron 22 paquetes en forma de ladrillo, los cuales llevaban la marca de un cangrejo en bajorrelieve como sello de identificación del cargamento.
Custodia de la menor e investigaciones en curso
De acuerdo con el reporte oficial, el estupefaciente decomisado alcanzaba un valor comercial estimado en más de 128.000 soles en el mercado ilegal. Tras la diligencia, el vehículo y la sustancia fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones por tráfico ilícito de drogas.
Por su parte, la niña de tres años que permanecía en el vehículo durante la intervención policial fue puesta bajo la protección de la Fiscalía de Familia, institución que asumió su resguardo preventivo mientras se determinan las responsabilidades legales de los intervenidos.
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