Dictámenes deberán ser ratificados por el Pleno de la Cámara Baja antes de su remisión al Senado para su debate final.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes que proponen la derogación de las leyes 32130 y 32735, normas impulsadas por el anterior quinquenio parlamentario y cuestionadas por diversos sectores.
La primera de ellas, la Ley 32130, retiró la conducción de la investigación preliminar al Ministerio Público para transferir dichas competencias a la Policía Nacional del Perú (PNP). Por su parte, la Ley 32735 modificó la definición del delito de función para disponer que el personal policial y militar sea procesado de forma exclusiva en el Fuero Militar Policial. Cabe precisar que la propuesta de derogación conserva las disposiciones que fijan sanciones más severas para los agentes que colaboren con organizaciones criminales.
Tras el dictamen en comisión, ambos proyectos deberán ser debatidos y votados en el Pleno de la Cámara de Diputados. De ser aprobados, los textos se remitirán al Senado para su revisión y eventual ratificación final.
Aplazamiento de la ‘Ley Soto’ y extinción de dominio
Durante la sesión desarrollada el martes 20 de octubre, el grupo de trabajo tenía programado evaluar el dictamen orientado a dejar sin efecto la Ley 31751, conocida como ‘Ley Soto’, y su norma ratificatoria. La propuesta plantea restituir el plazo de suspensión de la prescripción aplicable antes de la reforma aprobada por la gestión parlamentaria anterior, tomando como referencia los acuerdos plenarios de la Corte Suprema.
Sin embargo, a solicitud de la bancada de Fuerza Popular, la comisión aprobó una cuestión previa para postergar la discusión. La representación fujimorista argumentó la necesidad de analizar de manera diferenciada los plazos según la gravedad de las figuras contempladas en el Código Penal. En la misma jornada quedó pendiente el debate sobre las modificaciones al Decreto Legislativo de Extinción de Dominio.
Propuestas para la derogación en bloque de reformas penales
De forma paralela, cursan en el fuero parlamentario iniciativas para derogar de manera integral el paquete de reformas penales aprobadas en la legislatura previa. La presidenta de la Comisión de Justicia, Catherin Palomino, presentó un proyecto para dejar sin efecto siete leyes que, según sostiene, debilitaron las capacidades del Estado frente al crimen organizado. La propuesta abarca normas sobre prescripción penal, minería ilegal, colaboración eficaz, responsabilidad penal de partidos políticos, tipificación de organizaciones criminales y allanamientos.
A esta iniciativa se suma el proyecto presentado por la bancada de Ahora Nación, impulsado por el diputado César Holguín y respaldado por legisladores de su grupo político. Dicha propuesta plantea la derogación de diez normas, incluyendo la Ley 32419 sobre amnistía a efectivos de las Fuerzas Armadas y la PNP investigados por hechos ocurridos entre 1980 y 2000. Ambas iniciativas contemplan disposiciones complementarias para restituir la vigencia original de los textos del Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley contra el Crimen Organizado (Ley 30077).
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