Comisión de Justicia aprueba para beneficiar a más de medio millón de habitantes de Chanchamayo, Satipo, Oxapampa y el VRAEM.
El dictamen del proyecto de ley que propone la creación del Distrito Judicial de la Selva Central, que abrirá las puertas de la administración de justicia a más de 500 mil habitantes de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa, fue aprobado, por unanimidad, por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el congresista Alberto de Belaunde (PPK), en sesión realizada en la sala Raúl Porras Barrenechea.
La legisladora de Fuerza Popular (FP), Sonia Echevarría Huamán, al sustentar su propuesta, manifestó que no se trata de una norma declarativa de interés nacional, por cuanto en el segundo artículo del proyecto se señala que el Poder Judicial, a través de su presidente Duverlí Rodríguez, se encargará de realizar las gestiones necesarias para que se concrete el anhelo de los habitantes de la zona que pasan un verdadero vía crucis viajando hasta Huancayo, que es en donde se encuentra la Corte Superior de Junín en la cual se ventila los casos judiciales de esas jurisdicciones.
Además, dijo, en la exposición de motivos se precisa que el Gobierno Central destinará los recursos necesarios a fin de hacer realidad la necesidad contenida en la propuesta legislativa, que será de gran importancia para las tres localidades ubicadas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
De Belaunde, por su parte, enfatizó que uno de los pilares de su gestión al frente de la Comisión de Justicia es mejorar el acceso universal a la justicia, con lo cual el derecho de todos los peruanos tendrán acceso a los órganos jurisdiccionales, independientemente de su ubicación geográfica.
“Este dictamen asegura el pleno ejercicio de este derecho a través de la creación de un distrito judicial que acerca los servicios a más de medio millón de peruanos de la Selva Central, que ya no tendrán que viajar cientos de kilómetros ni incurrir en altos costos de transporte para acceder a los servicios de administración de justicia”, expresó.
La Comisión de Justicia también aprobó, por mayoría, el dictamen del proyecto de ley que propone la creación del Consejo Interinstitucional Permanente de Cooperación, Coordinación y Seguimiento de las políticas en materia judicial. La iniciativa legislativa fue remitida por el Poder Ejecutivo.
Dejó pendiente de debate y sanción el predictamen que propone modificar el ordenamiento jurídico en materia de protección a la mujer, regulada en la Ley 30364, que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y otras normas conexas.
En la sesión, el congresista Héctor Becerril Rodríguez (FP) sustentó su proyecto de ley que sugiere modificar los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, con el fin de elevar el estándar ético y moral que deben tener los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura.
También la parlamentaria Alejandra Aramayo Gaona (FP) argumentó los principales lineamientos de su proyecto que busca optimizar la transparencia en los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de los jueces y fiscales y en la elección de los consejeros del citado órgano constitucional.
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