Inician deportación de 56 ciudadanos por incumplir la condición migratoria de turistas.
El Gobierno de Costa Rica ubicó a 56 ciudadanos de nacionalidad peruana que ejercían labores no autorizadas en un enclave minero del distrito de Miramar, provincia de Puntarenas. Tras la intervención, las autoridades del país centroamericano formalizaron el inicio del procedimiento administrativo de deportación contra la totalidad de los involucrados.
El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Pablo Martínez, precisó en conferencia de prensa que la identificación de los connacionales fue resultado de una operación de inteligencia desplegada durante varias semanas. El funcionario ratificó que los 56 peruanos registraron un ingreso legal a Costa Rica bajo la calidad migratoria de turistas.
La DIS mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer si el esquema incurre en la modalidad delictiva de trata de personas con fines de explotación laboral. Según las pesquisas preliminares, la firma responsable de la mina, Compañía Río Minerales, realiza traslados periódicos de contingentes de trabajadores peruanos al territorio costarricense a lo largo del año.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, requirió la máxima sanción legal contra la empresa operadora y garantizó la repatriación de los 56 ciudadanos afectados. La mandataria remarcó la política de tolerancia cero frente al trabajo forzoso y las contravenciones al régimen laboral local, sosteniendo que la migración con fines ocupacionales únicamente es admitida bajo el cumplimiento estricto del marco normativo vigente en Costa Rica.
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