Ministerio Público sostiene que exoficial declaró ocupación falsa en escritura pública sobre inmueble en Comas.
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) formalizó el requerimiento acusatorio contra el exoficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y actual diputado, Harvey Colchado.
El escrito, ingresado ante el 30.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, atribuye al parlamentario los presuntos delitos de negociación incompatible en calidad de cómplice y falsedad ideológica en calidad de autor, solicitando una pena privativa de la libertad acumulada de 9 años y 4 meses de cárcel, además de 241 días multa. El proceso penal incluye también a Clara Elizabeth Ramírez Benites y Víctor Elvis Ocmin Vargas.
Imputación por declaración inexacta en instrumento público
La imputación por el presunto delito de falsedad ideológica radica en el otorgamiento de un poder especial mediante escritura pública con fecha 30 de abril de 2021, destinado a la administración, venta o alquiler de una propiedad ubicada en el distrito de Comas.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Harvey Colchado consignó la condición ocupacional de «independiente», pese a desempeñarse en ese momento como coronel en actividad de la PNP asignado a la MACREPOL Lambayeque – REGPOL. El documento notarial fue presentado ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) el 11 de mayo de 2021 y quedó inscrito el 18 de mayo del mismo año.
Al considerar que los hechos constituyen ilícitos independientes, el Ministerio Público aplicó las reglas del concurso real estipuladas en el Código Penal. El requerimiento desagrega una solicitud de 5 años y 4 meses de prisión por negociación incompatible y 4 años por falsedad ideológica.
Pese a que la representación fiscal reconoce la ausencia de antecedentes penales como circunstancia atenuante, ratificó la existencia de elementos de convicción suficientes para la apertura del juicio oral, quedando en el ámbito del Poder Judicial la evaluación del pedido de la Fiscalía.
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