La Corte Plena de Costa Rica ha tomado una decisión sin precedentes en la historia política del país: con 15 votos a favor y 7 en contra, acordó solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad constitucional del presidente Rodrigo Chaves Robles. El objetivo es que Chaves sea juzgado por el delito de concusión.
Esta petición surge de una acusación formal presentada por la Fiscalía General de la República, que vincula al mandatario con la adjudicación de un contrato de $405.800, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para servicios de comunicación a cargo del publicista Christian Bulgarelli. Nunca antes la Corte Plena había solicitado al Congreso levantar el fuero a un presidente de la República en ejercicio.
Abuso de poder y beneficio económico
De acuerdo con el expediente judicial, Rodrigo Chaves y su entonces jefe de despacho —hoy ministro de Cultura— Jorge Rodríguez Vives, habrían intervenido directamente para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A., propiedad del publicista Christian Bulgarelli.
La Fiscalía sostiene que la contratación fue diseñada a medida para favorecer al empresario, y que parte de los fondos se utilizaron para pagar $32.000 al asesor presidencial Federico “Choreco” Cruz, por instrucción del propio mandatario.
La figura penal señalada es la concusión, definida como el acto de un funcionario público que, abusando de sus funciones, obliga o induce a alguien a entregar un beneficio patrimonial indebido. Este delito conlleva penas de entre dos y ocho años de prisión.
Según la acusación presentada el pasado 7 de abril, Chaves y Rodríguez habrían instruido a Bulgarelli desde Casa Presidencial para que él mismo redactara los términos de referencia del contrato con el BCIE, lo cual compromete gravemente los principios de transparencia y competencia en la contratación pública. Además, se señala que el dinero transferido a «Choreco» se habría utilizado para pagar el enganche de una propiedad en un condominio privado en Concepción de Tres Ríos.
Bulgarelli: testigo clave de la Fiscalía
Aunque Christian Bulgarelli fue investigado inicialmente, la Fiscalía lo convirtió en testigo de la corona, una figura que le permite colaborar con el proceso a cambio de beneficios procesales. Según el Ministerio Público, su testimonio fue fundamental para esclarecer los hechos, confirmar los pagos y la participación de los funcionarios, así como aportar documentos clave.
Los detalles del caso salieron a la luz en 2022, cuando la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, grabó audios dentro de Casa Presidencial que revelaban conversaciones sobre la forma en que se dirigían las contrataciones. Estos materiales se hicieron públicos meses después y reforzaron las sospechas sobre una posible manipulación de los procesos con fondos del BCIE.
División en la Corte Plena
La decisión tomada por la Corte Plena fue secreta y dividida. Quince magistrados votaron a favor del retiro de inmunidad, mientras que siete se opusieron, argumentando que la prueba contenida en el expediente no permitía hacer un juicio de probabilidad del delito, como exige la ley.
Esta diferencia evidencia un grado de controversia entre los jueces superiores del país sobre la fortaleza del caso. Sin embargo, la mayoría decidió acoger la solicitud de la Fiscalía, y ahora corresponde a la Asamblea Legislativa pronunciarse.
La última palabra: en manos de la Asamblea Legislativa
Con la resolución judicial en firme, el expediente pasará a conocimiento de la Asamblea Legislativa. Según explicó el constitucionalista Marvin Carvajal, la ley exige una mayoría calificada de dos tercios de los 57 diputados (es decir, 38 votos) para levantar la inmunidad presidencial.
Carvajal indicó que, debido a que se trata de un procedimiento sin antecedentes, probablemente se conforme una comisión especial instructora para emitir un informe, aunque este no es vinculante. El levantamiento del fuero no significa destitución, sino que permite que el Presidente pueda ser juzgado penalmente en este caso específico. «No se trata de una autorización general para procesarlo por otros hechos», advirtió Carvajal.
Rodrigo Chaves fue electo en 2022 bajo la promesa de acabar con la corrupción y las “redes de privilegio”. Su estilo confrontativo y discurso contra “la casta política” le han ganado apoyo popular, pero también roces frecuentes con otras instituciones, incluido el Poder Judicial.
El caso del contrato con el BCIE fue uno de los primeros escándalos que enfrentó su administración. En junio de 2022, apenas semanas después de asumir el cargo, el propio presidente acudió a la Fiscalía para conocer de las denuncias penales en su contra. La investigación avanzó durante los dos últimos años y culminó con la acusación formal de la Fiscalía, que ahora busca su judicialización.
El contrato adjudicado a RMC La Productora S.A. tenía como fin brindar servicios de estrategia y comunicación al Gobierno durante el primer año de gestión. La Fiscalía sostiene que ese proceso fue manipulado para favorecer a una empresa cercana a la Presidencia, y que parte de los fondos fueron usados para beneficiar a un asesor que no tenía vínculo formal con el Estado.
Un momento decisivo para la democracia costarricense
La decisión de la Corte Plena representa un parteaguas en la historia democrática del país, donde la figura presidencial ha gozado tradicionalmente de inmunidad constitucional como salvaguarda de la función pública.
El debate que ahora se abre en el Congreso marcará no solo el futuro político de Rodrigo Chaves, sino también el compromiso de la Asamblea Legislativa con la rendición de cuentas y la independencia judicial.
Al cierre de esta nota, el Presidente no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión de la Corte. No obstante, desde Casa Presidencial se indicó que se convocará a una conferencia de prensa en las próximas horas. El país entra así en un momento de tensión institucional, en el que se pondrá a prueba la madurez del sistema democrático y el equilibrio entre poderes.
Reacciones de los diputados
Diputados de diversas fracciones políticas reaccionaron ante la decisión del Tribunal de la Corte Plena. Congresistas de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP), así como legisladoras independientes, emitieron sus opiniones.
Ante la decisión histórica de la Corte, los diputados señalaron que no se le pueden poner obstáculos ni trabas al proceso judicial, sino proceder con el levantamiento del fuero constitucional respectivo.
Alejandro Pacheco (PUSC) y Ariel Robles (FA) sugirieron que Chaves debería incluso renunciar a la inmunidad antes de que los diputados tengan que discutir el tema en el Congreso, tal como lo hizo su ministro, Gerald Campos.
La presidenta a.í. de la Asamblea Legislativa, Vanessa Castro, manifestó que se trata de un tema trascendental, que debe abordarse con la máxima mesura y con mucho apego a los aspectos técnicos y jurídicos. «Habrá que esperar si el presidente decide renunciar a la inmunidad», comentó Castro, quien aseguró que la Asamblea debe seguir con su trabajo normal. Añadió que esperaría que una eventual audiencia de Chaves ante la comisión que estudie la solicitud «no se convierta en un show político».
El jefe del PLN, Óscar Izquierdo, calificó la decisión de la Corte Plena como histórica y declaró el compromiso absoluto de su fracción con la institucionalidad, la transparencia y el Estado social de derecho. «Nadie puede estar por encima de la ley. La Asamblea tiene la responsabilidad histórica de actuar con seriedad, objetividad y sin presiones de ningún tipo, garantizando el debido proceso y la rendición de cuentas ante el pueblo. Costa Rica merece respuestas claras y justicia, no impunidad”, dijo Izquierdo.
La subjefa liberacionista, Alejandra Larios, recordó que los diputados no decidirán si el presidente Chaves es culpable o no, sino únicamente sobre el levantamiento de su fuero para que sigan adelante los procesos judiciales correspondientes. Francisco Nicolás destacó que, para que la Corte haya solicitado el levantamiento de la inmunidad, deben haber encontrado elementos suficientes.
El jefe de la Unidad, Alejandro Pacheco, puntualizó que esta es solo una de las 60 investigaciones sobre posibles delitos de Chaves y la primera acusación penal del fiscal general, Carlo Díaz.
La jefa del FA, Rocío Alfaro, anunció que los seis integrantes de su bancada votarán a favor del levantamiento de la inmunidad, considerando que es un excelente mensaje a la ciudadanía sobre la igualdad ante la ley. «Debemos seguir el procedimiento. Solo el Poder Legislativo puede quitarle esa protección constitucional al presidente y así se hará. Votaremos afirmativamente, y ojalá se levante por una amplia mayoría o incluso por unanimidad”, dijo.
Antonio Ortega (FA), calificó el fallo de la Corte como correcto y llamó a las fracciones a estar alerta ante posibles ataques del mandatario y de la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, contra el levantamiento de la inmunidad.
El jefe del PLP, Gilberto Campos, dijo que la decisión de la Corte Plena era esperable, pero llamó la atención sobre la posición de los siete magistrados que votaron en contra. «Habrá que estudiar las razones de los que votaron en contra. Es necesario conocer los alcances de la resolución de la Corte para darle trámite”, dijo.
La independiente Johana Obando afirmó que “la petición de levantar la inmunidad contará con el apoyo de mi parte”.
Fabricio Alvarado, jefe de Nueva República, comentó que su fracción aún no ha conversado sobre la petición de la Corte y que se debe hacer un análisis reposado, sin decisiones intempestivas. «Hay que esperar cuál va a ser la posición del señor Chaves, si va a renunciar o esperar la decisión de la Asamblea. No es una decisión pequeña, es muy importante y se requiere de mucho análisis, reposado, para tomar la decisión correcta”, comentó.
Kattia Cambronero, congresista independiente, destacó que el hecho de la presunta concusión en favor de Federico Cruz amerita un proceso judicial. «Haremos lo que corresponda como diputados. Ojalá que el procedimiento se haga lo más rápido posible para determinar si el presidente utilizó recursos para beneficio de una persona”, indicó.
A diferencia de las otras cinco fracciones, la jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, atacó la decisión de los magistrados, aduciendo que la Corte sabe que el caso no se sostiene. “El presidente Chaves no tenía ninguna responsabilidad y se atreven a pedir el levantamiento de la inmunidad. Me dan vergüenza los magistrados. Esto es para minar la poca credibilidad que les queda”, dijo Cisneros, y apuntó que la decisión sobre renunciar a la inmunidad es algo que solo le atañe a Chaves.
Finalmente, la presidenta del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la diputada Luz Mary Alpízar, rechazó hacer cualquier comentario sobre la inmunidad de Chaves.
