La Contraloría General inició este lunes un operativo a nivel nacional para determinar si la designación de funcionarios en cargos de confianza de los gobiernos regionales y locales, se está realizando de acuerdo a la normativa aplicable y disposiciones vigentes (Entre ellas, cumplir con el perfil para ejercer el cargo).
Para tal fin desplegará 996 auditores quienes fiscalizarán a 332 entidades públicas que comprenden los 25 gobiernos regionales, las 196 municipalidades provinciales (que incluye a la Municipalidad de Lima y del Callao), las 48 municipalidades distritales de Lima Metropolitana y del primer puerto, así como también 63 municipalidades distritales a nivel nacional (las cuales carecen de OCI o cuentan con mayor presupuesto en provincias).
Las visitas de control -que se extenderán hasta el viernes 26- comprenderá la revisión de la totalidad de cargos de confianza de la entidad regional o municipal intervenida, que concentran cerca de siete mil funcionarios.
Los auditores cruzarán información de los funcionarios de confianza con diversas bases de datos públicas, a fin de verificar si están aptos para trabajar y/o contratar con el Estado, y cuentan con el grado académico requerido para ocupar el cargo.
Aspectos a evaluar
Las comisiones auditoras evaluarán los siguientes aspectos:
- Si los funcionarios de confianza designados cumplen con los perfiles establecidos en los documentos de gestión vigentes, aprobados por la entidad, o que estén impedidos de prestar servicios en la administración pública.
- Si la designación de personal de confianza es mayor al 5% permitido por Ley.
- Las modificaciones y aprobaciones del documento interno que establece los requisitos para los perfiles de puesto (MOF) de la entidad con posterioridad al 2 de enero de 2014.
- Si los funcionarios de confianza fueron designados en sus cargos sin que la entidad cuente con perfil de puestos aprobados.
- Si se dejó sin efecto los documentos normativos que regulaban los perfiles de puestos para la designación de los cargos de confianza.
Acciones correctivas
La Contraloría General comunicará a los titulares de las entidades los hechos identificados durante el operativo a fin de que dispongan de inmediato las medidas preventivas o correctivas que correspondan.
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