El objetivo es ampliar el acceso a la justicia en el país
El congresista Edgard Reymundo Mercado (BDP) ha presentado un proyecto de ley (PL 11214/2024-CR) que busca reducir la brecha de acceso a la justicia al facultar a los gobiernos regionales y locales para ejecutar proyectos de inversión o adquirir equipamiento en beneficio del Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP).
La iniciativa autoriza a los gobiernos subnacionales a realizar proyectos de infraestructura, bajo el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, o adquirir bienes, equipos y vehículos para el PJ y el MP. Esto se llevaría a cabo mediante la suscripción de convenios a título gratuito. Para garantizar la independencia de ambas instituciones, los convenios serían firmados por los gerentes generales o funcionarios equivalentes.
El congresista Reymundo fundamenta su propuesta en las serias deficiencias que enfrentan las cortes superiores y sedes fiscales, incluyendo la escasez de vehículos, infraestructura inadecuada y falta de equipamiento. Estas carencias, según el legislador, retrasan las labores judiciales y fiscales, e incluso impiden la realización de diligencias clave.
La situación es crítica: de las 445 sedes fiscales a nivel nacional, solo 10 son propias y el 97.7% opera en condiciones inadecuadas. El Poder Judicial, por su parte, cuenta con 2896 dependencias distribuidas en 637 sedes, de las cuales 480 son alquiladas.
El proyecto de ley se ampara en la Ley 31774, que permite a los gobiernos regionales y locales ejecutar proyectos de inversión mediante convenios de cooperación interinstitucional. Reymundo enfatiza que esta medida no implica subordinación ni interferencia en la administración de justicia, dada la independencia consagrada en las leyes orgánicas del PJ y el MP.
“Para garantizar la independencia, se propone que los convenios sean suscritos por los gerentes generales, quienes ejercen funciones administrativas en estos órganos de justicia”, explica el proyecto de ley.
