Parlamentarios de diversas bancadas coincidieron, en su mayoría, que las medidas económicas contenidas en el manejo de la política económica que dirige la ministra de Economía y Finanzas, María Alva Luperdi, se centran en los grandes grupos de poder y no en el ciudadano de a pie, que sufre las consecuencias de la pandemia de la COVID-19.
Fue durante sus intervenciones en la sesión de Pleno del Congreso, donde se interpela a la titular del MEF.
La primera legisladora que tomó la palabra fue Nelly Huamaní Machaca (Frepap), quien sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la población, del bien común”, porque el objetivo es lograr el desarrollo y la justicia para nuestro país.
Indicó que lamentablemente el plan de reactivación económica del Gobierno no ha logrado disminuir los efectos negativos de la pandemia.
“Los bonos han sido distribuidos de manera insuficiente. Sin tener en cuenta la igualad y la sostenibilidad” denunció. “Este error nos costará a todos. Reactiva Perú financió a empresas vinculadas con la corrupción, como Odebrecht, y empresas que no cuentan con RUC activo. No se ha dado facilidad a las mypes, y no ha dicho nada de cómo va a combatir la corrupción”, aseveró.
El legislador Carlos Simeón Hurtado (AP) preguntó a la ministra de Economía y Finanzas ¿cuál ha sido el préstamo internacional a favor del Estado peruano? Y pidió que les diga a todos los peruanos ¿cuál ha sido la garantía que se ha entregado?
Seguidamente, quiso saber las razones por las que se ha contratado al estudio de abogados Estudio Foley Hoag, mediante la Resolución Ministerial 250, a pesar de que este estudio jurídico habría hecho perder a la Municipalidad de Lima más de 23 millones en un arbitraje ante el CIAF, porque pagarle “más de 16 millones es un insulto”.
En su intervención, Francisco Sagasti Hochhausler (PM) preguntó si existe un estimado del monto que podría costarle al fisco Reactiva Perú, en el caso de que las empresas no paguen, debido a la fragilidad de las pequeñas empresas y qué medidas podrían asegurarse para que estas puedan tener un apoyo adicional por encima de lo que están recibiendo en el mencionado programa.
Sugirió que sabiendo que solo 40 % de los hogares peruanos tienen acceso al internet, el Estado debe realizar una inversión rápida para que todos los peruanos puedan ganarse la vida y poder estudiar. “Creemos que esto es viable, y debe ser prioridad en los próximos meses”, subrayó.
La legisladora Rocío Silva Santisteban (FA) planteó su preocupación por la entrega de los bonos, solicitó una precisión en torno al universo de entrega. “La política de bonos ha sido errática”, indicó. “Debió servir para mantenerse en la casa. No sirvió”, anotó.
Preguntó inmediatamente si el Marco Macroeconómico Multianual del Presupuesto Fiscal 2021 no solo revise la cadena de pagos incorporando la economía individual no empresarial.
Por su parte, Napoleón Puño Lecarnaqué (APP) manifestó que en el actual contexto, “a pesar de otros sectores productivos paralizados, solo el sector agropecuario sigue mostrando tasas positivas de crecimiento, de 2,22 % en el primer cuatrimestre, y se proyecta 3 % a fin de año que, comparado al 2019, hay una insignificante caída”.
Denunció que en el gabinete no se respaldó (una propuesta) de 3500 millones de soles para fortalecer 2,2 millones de hectáreas de la agricultura familiar, con lo que se programaría por un año más la Resolución Ministerial 095-2020-Minagri que “al quedar desactivada desde el 15 de agosto, se han activado juicios contra agricultores que incluyen notificaciones de remate de tierras a partir de octubre”.
La congresista Yessica Apaza Quispe (UPP) señaló que lo cierto es que el Gobierno, en más de cinco meses “no ha aprendido que la reactivación es para las grandes empresas y las familias con apellido”. Somos más de 32 millones de peruanos que buscan salir adelante día a día. Los que están en la calle no han recibido la ayuda de los bonos. Y eso ha sido un total fracaso, señaló.
Sobre el programa Reactiva Perú afirmó que quizá tuvo un buen fin: no detener el país, pero “lamentablemente se ha enfocado en las grandes empresas. El Perú necesita una política que piense en el peruano de a pie, que no tiene con qué subsistir”.
El parlamentario Johan Flores Villegas (PP) recordó que antes de la pandemia el empleo informal comprendía más de cuatro millones de personas y sin embargo “su política no está orientada para ellos y tampoco para los pequeños empresarios. Han desembolsado más de 60 mil millones y a las pequeñas empresas ha llegado muy poco».
El representante denunció que mucho de este dinero ha llegado a mineras y empresas de telecomunicaciones que nunca dejaron de operar y siguen ganando dinero. “Millones de personas están en la pobreza, ¿qué está haciendo con ello?, y ni siquiera quiere aprobarnos la ONP para los aportantes”.
”Señora ministra, usted deja una herida muy grande en nuestro país, su política ha fracasado. No conoce la realidad del país. Por ello, debería dar un paso al costado, y renunciar a su cargo”, expresó.
Matilde Fernández Florez (SP) enfatizó en el hecho de que “se sigue pensando en los bonos que no llegan a los hogares”, y solicitó que estos bonos puedan pasar a cada provincia para instalar plantas de oxígeno. “Al personal de salud no se paga con los bonos hasta el día de hoy, que está en la primera línea de la pandemia”.
“Pido en nombre de su región que priorice el tema de turismo, porque millones de personas, jóvenes, mujeres y varones, han quedado sin trabajo. La gente muere no solo por la COVID-19, sino muere de hambre. Tome cartas en el asunto”, manifestó.
La parlamentaria Rita Ayasta de Díaz (FP) señaló que parte de la exposición de la ministra no ha sido esclarecida. “Hay muchas medidas, pero pocas son acertadas. No se ha cumplido con llegar a la población más vulnerable. Esto fue advertido por la Defensoría del Pueblo en agosto último”.
Indicó que hay más de mil quejas recibidas respecto a lo inaccesible de los bonos. “Es necesario que precise por qué no tuvieran los efectos que se esperaba. Las personas manifiestan no haber recibido, a pesar de estar inscritos en el registro. La necesidad de la población no espera”, señaló Ayasta al tiempo de poner como ejemplo a su región Lambayeque, donde miles de familias no han recibido el bono rural.
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