La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un dictamen que modifica la Ley 32348 para establecer la Unidad de Flagrancia Delictiva de Delitos Graves. La iniciativa, respaldada por 13 votos a favor, busca fortalecer el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia mediante una respuesta inmediata contra el sicariato y la extorsión.
Según el presidente del grupo de trabajo, Flavio Cruz Mamani, la reforma pretende reducir la impunidad y generar un efecto disuasorio a través de la aplicación de sanciones rápidas y penas severas que superan los cinco años de prisión preventiva.
Sanciones penales contra la venta de menores
En la misma sesión, el grupo parlamentario aprobó por unanimidad técnica la incorporación de los artículos 129-R y 129-S al Código Penal para tipificar el delito de venta de niñas, niños y adolescentes. La norma establece penas privativas de libertad de entre 12 y 20 años para quienes realicen transacciones económicas o reciban beneficios a cambio de la entrega de menores, incluso bajo la apariencia de procesos de adopción.
Las penas se elevarán a un mínimo de 25 años en casos de agravantes, como la pluralidad de víctimas o cuando el agresor sea un familiar directo o tutor legal.
Estabilidad laboral en la Sunarp y ajustes técnicos
El dictamen sobre las unidades de flagrancia integró cambios propuestos durante el debate, como la sustitución del término “supranacional” por “supraprovincial” a solicitud de la congresista Maricarmen Alva. Por otro lado, la comisión dio luz verde a un proyecto que autoriza el cambio de régimen para los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
La medida permitirá que el personal bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS) con funciones permanentes pase de un plazo determinado a uno indeterminado, buscando garantizar la continuidad operativa de la institución.
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