Con el 11.008 % de los votos, el ausentismo propositivo de casi dos millones de ciudadanos desplazó a la mayoría de los aspirantes presidenciales.
Con un avance del 80.425 % de actas contabilizadas por la ONPE, los resultados de las elecciones generales del 12 de abril posicionan al voto en blanco como la cuarta opción preferida por el electorado. Esta alternativa acumula 1,824,630 sufragios (11.008 %), cifra que supera el respaldo obtenido por candidatos que figuraban como favoritos en las encuestas, tales como Roberto Sánchez, Ricardo Belmont, Carlos Álvarez y Alfonso López Chau.
Distribución de preferencias y avance del escrutinio
El reporte oficial ubica en los tres primeros lugares a Keiko Fujimori (16.883 %), Rafael López Aliaga (12.480 %) y Jorge Nieto (11.611 %). El alto volumen de votos en blanco, que casi alcanza los dos millones de emisiones, evidencia un notable descontento o desconfianza ciudadana hacia las propuestas políticas vigentes. A la fecha, se han procesado el 80.657 % de las actas, restando un 16.901 % por escrutar y un 2.674 % derivado al Jurado Electoral Especial (JEE) para su resolución.
Impacto del sufragio no emitido
La normativa electoral peruana distingue el voto en blanco de los votos nulos; mientras el primero suma 11.008 %, los nulos alcanzan el 4.835 % (801,465 votos). En conjunto, ambas modalidades superan el 15 % de la participación total, que ascendió a 16,577,389 electores. Aunque estos votos no influyen legalmente en el pase a la segunda vuelta ni en la asignación de escaños, su magnitud refleja una fragmentación crítica del panorama político nacional.
Proyecciones finales
La ONPE continuará con el procesamiento de las actas pendientes hasta alcanzar el 100 % del escrutinio. Si bien los porcentajes podrían presentar ligeras variaciones tras la integración de los votos observados por el JEE, la tendencia actual consolida al voto en blanco como una de las manifestaciones más significativas de la jornada electoral de 2026, reafirmando su posición por encima de múltiples fuerzas políticas en competencia.
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