Desde que se produjo el accidente, veinte instituciones públicas atendieron la urgencia ambiental, social, sanitaria y económica de la población, y avanzan en la recuperación de las zonas afectadas.
El trabajo multisectorial que el Gobierno viene realizando para enfrentar el desastre ambiental producido por el derrame de petróleo en las playas de Ventanilla permitió atender la urgencia económica de miles de pescadores perjudicados y avanzar sostenidamente en la recuperación de los lugares afectados para que nuevamente estén a disposición de la población.
El problema ambiental generado por el derrame de petróleo es muy complejo en cualquier lugar del mundo. El Gobierno articuló sus equipos ministeriales y atiende el problema en base a experiencias mundiales, con apoyo de expertos extranjeros, reduciendo los tiempos de remediación de daños y recuperación de las zonas impactadas.
Desde que ocurrió el derrame, y hasta la actualidad, han venido trabajando en las zonas afectadas el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp) del Ministerio del Ambiente; así como la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud.
Además, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), del Ministerio de la Producción.
También, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) e INDECI, adscritos a PCM; igual que la Dirección de Capitanías y Puertos (DICAP), entre otras.
Atención de la urgencia
Cuando se produjo el derrame de petróleo, las entidades supervisoras y fiscalizadoras del Estado llegaron al lugar a verificar in situ el daño ambiental y recoger información para determinar el impacto económico y social en toda la zona afectada.
La Presidencia del Consejo de Ministros y la Dirección Desconcentrada del Indeci de Lima Metropolitana y Callao, con apoyo de las municipalidades de Ancón, Aucallama, Chancay, Santa Rosa y Ventanilla, se abocaron a empadronar, inicialmente, a los pescadores y comerciantes afectados para organizar su atención urgente.
De inmediato, y considerando que las familias perjudicadas obtienen sus ingresos diarios de la pesca, el Ministerio de Inclusión Social gestionó la entrega de alimentos a más de 300 pescadores artesanales de Ventanilla, con la Sociedad Nacional de Pesquería (primera donación).
Posteriormente, entregó paquetes de alimentos a pescadores y trabajadores de las playas de Pachacútec, con la Sociedad Nacional de Pesquería (segunda donación); y víveres y productos hidrobiológicos a 900 pescadores de Chancay (tercera donación).
Hoy, el Padrón Único de Afectados por el derrame ha registrado a un total de 10,186 familias. Además de pescadores y comerciantes, el registro incluye familias que desarrollaban actividades complementarias, como cocina, atención en restaurantes, ambulantes y otras de la zona.
Adelanto de indemnizaciones
A partir del empadronamiento, la empresa Refinería La Pampilla, del grupo Repsol, ha venido entregando a 5,500 familias, en tres oportunidades, adelantos de indemnizaciones por los daños causados, a razón de 3 mil soles en cada ocasión, en el marco del acuerdo alcanzado entre las familias perjudicadas y la empresa, el 4 de marzo, promovido por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Desde el 11 de julio, la empresa RELAPASAA – Repsol realiza acuerdos con los jefes de familia recientemente incorporados al padrón, en coordinación con los municipios, para también entregarles adelanto de indemnizaciones.
Sanciones pecuniarias
El Estado, a través de las instituciones correspondientes, aplica las sanciones de acuerdo a la normatividad vigente y las cláusulas de contrato firmado con Repsol, administradora de la Refinería La Pampilla SAA.
A la empresa le correspondía ejecutar un plan de contingencia que incluía el control de la expansión del petróleo, la limpieza de las playas y del agua de mar, así como el recojo de especímenes muertos y el rescate, atención y liberación de animales contaminados, entre otras acciones de corto plazo.
Por el incumplimiento de sus compromisos administrativos, OEFA impuso a Repsol 6 multas coercitivas por un monto total de 2 millones 760 mil soles, que a la fecha han sido pagadas.
Recientemente, la OEFA también ha impuesto en primera instancia, la primera multa en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores que ha iniciado a la empresa, por más de 5 millones de soles (1087.9 UITs), al no haber cumplido con la identificación de las zonas afectadas por el derrame.
OEFA tiene, además, 4 procedimientos administrativos sancionadores en proceso de trámite. Uno de ellos, por incumplimiento de la medida administrativa de limpieza del área de suelo y aseguramiento, contención y recuperación del hidrocarburo.
Un segundo procedimiento, por incumplir la medida administrativa de contención, recuperación y limpieza de la bahía de las Áreas Naturales Protegidas y en otras áreas marinas; un tercer procedimiento, por incumplir la medida administrativa de aseguramiento del área, contención, recuperación y limpieza del hidrocarburo sobrenadante en el agua de mar afectada, correspondiente a la zona del mar de Ventanilla.
De igual forma, un cuarto procedimiento, por presentar información falsa en el Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales.
Monitoreo de agua y recurso hidrobiológico
En simultáneo, instituciones como SERNANP, IMARPE, OEFA Y SERFOR, han realizado labores de monitoreo de calidad de playas, aguas marinas y recursos hidrobiológicos para conocer la evolución de la contaminación y redirigir esfuerzos que agilicen su recuperación.
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