La comunidad internacional ha expresado su firme respaldo a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) tras la confirmación de su condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua por presuntos actos de corrupción, un fallo que muchos consideran un «golpe político y judicial» o «lawfare».
Solidaridad de Líderes y Organizaciones Regionales
Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel manifestó en sus redes sociales: «Reafirmamos nuestro invariable apoyo a Cristina Fernández de Kirchner ante episodio de judicialización política». Calificó el incidente como un nuevo caso de «lawfare», señalando que «una vez más se utiliza la justicia con motivaciones políticas como instrumento de la derecha contra referentes progresistas de la región. ¡Fuerza, estimada Cristina!».
El presidente de Bolivia, Luis Arce, también se pronunció: «Desde Bolivia expresamos nuestro firme apoyo y solidaridad con la hermana Fernández de Kirchner frente a un evidente uso de la justicia como herramienta para socavar las fuerzas de izquierda y del campo nacional popular». Arce reafirmó el «respaldo a la soberanía y a la dignidad del hermano pueblo argentino».
El expresidente boliviano Evo Morales sumó su voz de solidaridad: «Con profunda indignación expreso mi solidaridad con la hermana Cristina Fernández de Kirchner, su familia y al pueblo revolucionario de Argentina. La condena injusta de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua no es otra cosa que persecución política para proscribir a una lideresa del pueblo». Morales comparó la situación con una «reedición del Plan Cóndor», donde «jueces serviles a las oligarquías» ejecutan «golpes judiciales».
Desde Brasil, el Instituto Lula expresó su «profunda preocupación y repudio frente a la detención de Cristina Kirchner, en un contexto que evidencia graves violaciones a los derechos fundamentales y al debido proceso legal». El Instituto destacó que «la construcción de teorías jurídicas que buscan responsabilizar a Cristina Kirchner por actos de subordinados […] representa un peligroso retroceso en la separación de poderes y el Estado de Derecho», lo que «amenaza el equilibrio entre los poderes y la propia democracia» en Argentina y sirve como «una advertencia para todos los países de la región». El Instituto Lula se une al Grupo de Puebla y al Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) para alertar a la comunidad internacional.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela también rechazó «de manera categórica el ‘golpe político y judicial'» contra Fernández de Kirchner. En un comunicado, denunciaron una «persecución política impulsada desde un poder judicial subordinado al proyecto autoritario de Javier Milei», que busca «inhabilitar por la fuerza a quien representa el corazón político y emocional de millones de argentinas y argentinos». El comunicado finaliza con un llamado a «los pueblos, gobiernos y movimientos de nuestra América a comprender y enfrentar esta arremetida como lo que es: una guerra integral contra la dignidad y la autodeterminación de la región».
En España, dirigentes del partido político Podemos calificaron la condena como «golpismo» y «guerra sucia». La diputada Irene Montero señaló: «La condena a Cristina Fernández es golpismo: guerra sucia judicial y mediática para que, golpeando a una, todo un pueblo renuncie a una vida con derechos».
El caso de Cristina Fernández de Kirchner no es un hecho aislado. Varios líderes sudamericanos han denunciado y sufrido los efectos de lo que se conoce como «lawfare»:
- Rafael Correa (Ecuador): El expresidente (2007-2017) fue condenado en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción en el «caso sobornos 2012-2016», lo que lo ha mantenido exiliado en Bélgica y le impidió presentarse a elecciones.
- Gustavo Petro (Colombia): En 2013, cuando era alcalde de Bogotá, fue destituido e inhabilitado por 15 años por supuestas irregularidades en la recolección de basura. Cuatro años después, el Consejo de Estado revocó la decisión, permitiéndole postularse y finalmente asumir la presidencia en 2022.
- Andrés Manuel López Obrador (México): Durante su gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2004-2005), enfrentó un proceso de desafuero por acusaciones de irregularidades financieras y violaciones electorales. Amplios sectores políticos y sociales consideraron que era una maniobra para impedir su candidatura presidencial en 2006. El Congreso y el Supremo Tribunal Federal finalmente determinaron que el desafuero era improcedente, y López Obrador asumió la presidencia de México en 2018.
Otros Casos de Persecución Política
Más allá del «lawfare», otros líderes han enfrentado destituciones con tintes políticos:
- Fernando Lugo (Paraguay): Fue derrocado en 2012 mediante un golpe parlamentario, que restituyó al poder al Partido Colorado.
- Pedro Castillo (Perú): Destituido y encarcelado en diciembre de 2022 por el Congreso, antes de cumplir la mitad de su mandato, tras anunciar la disolución de la Cámara.
- Evo Morales (Bolivia): Presidente desde 2006 hasta 2019, fue destituido por las fuerzas armadas y la derecha, viéndose obligado a exiliarse.
- Manuel Zelaya (Honduras): En 2009, sufrió un golpe de Estado avalado por la Corte Suprema de Justicia, siendo expulsado del país y debiendo exiliarse durante años.
