La Comisión Permanente otorgó un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final respecto a la Denuncia Constitucional 410, en el extremo declarado procedente, contra Ismael Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior, y José Manuel Antonio Elice Navarro, ministro del Interior.
Se trata del caso del pase a retiro de altos mandos de la Policía Nacional del Perú, decisión tomada durante la gestión del presidente Francisco Sagasti.
Se les acusa por la presunta infracción constitucional al artículo 172 de la Constitución Política del Perú; y por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento indebido para cargo público, tipificados en los artículos 376 y 381 del Código Penal respectivamente.
La decisión se adoptó por 25 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención
La denuncia fue formulada por los ciudadanos Orlando Velasco Mujica, Jorge Alejandro Lam Almonte, Herly William Rojas Liendo, José Saturnino Céspedes Aguirre, Luis Beltrán Pantoja Calvo, Alexis Rafael Bahamonde Chumpitaz, Yohanim Oswaldo Chuquillanqui Ospina, Jesús Moisés Ríos Vivanco, Lorenzo Julio Granados Ticona, Eswin Alexander Manay Guerrero, Alejandro Washington Oviedo Echevarría, Mario Fernando Arata Bustamante y Carlos Noé Guillén Enríquez, contra César Augusto Cervantes Cárdenas, general PNP.
Fue enviada al archivo en el extremo declarado improcedente, es decir, por la presunta infracción constitucional a los artículos 118, inciso 1, 167 y 172 de la Constitución Política del Perú; y por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento indebido para cargo público, tipificados en los artículos 376 y 381 del Código Penal respectivamente.
Posteriormente, a través de reconsideración a la votación anterior, la Comisión Permanente del Congreso no otorgó el plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y presente su informe final respecto a la Denuncia Constitucional 416 contra el excongresista Luis Galarreta Velarde.
A favor del plazo solicitado se pronunciaron 10 legisladores; en contra 14, y hubo una abstención.
“En consecuencia no ha sido aprobado el plazo de 15 días para la investigación de la denuncia 416 (…) Pasa al archivo”, precisó la presidenta a. i. del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín.
Se trata de una acusación formulada por el congresista Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano, contra Galarreta Velarde, en su actuación como presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República en el periodo legislativo 2017-2018, por la presunta infracción constitucional al artículo 94 de la Constitución Política del Perú.
En horas de la mañana, habían votado 10 legisladores a favor del plazo de 15 días, 9 parlamentarios en contra, y hubo 8 abstenciones. La reconsideración, presentada por el congresista Diethell Columbus (FP) a esta votación, logró 16 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones
AL ARCHIVO
También, fueron enviadas al archivo nueve denuncias constitucionales declaradas improcedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Estas son las siguientes: la Denuncia Constitucional 268, contra los exconsejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera Ramos, Orlando Velásquez Benites, Julio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila Grados, Herbert Marcelo Cubas, Teódulo Santos Cruz y Máximo Herrera Bonilla; la Denuncia Constitucional 271 contra el exministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne Vetter; y la Denuncia Constitucional 273 contra el expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski Godard, la expresidenta del Consejo de Ministros Mercedes Aráoz Fernández, el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Carlos Bruce Montes de Oca, el exministro de Agricultura y Riego José Arista Arbildo y contra los excongresistas Marita Herrera Arévalo y Bienvenido Ramírez Tandazo.
Además, la Denuncia Constitucional 433 contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas; la Denuncia Constitucional 384, contra los jueces supremos titulares César San Martín Castro y Víctor Prada Saldarriaga; y los jueces supremos provisionales Hugo Príncipe Trujillo, Iván Sequeiros Vargas y Zavina Magdalena Chávez Milla; la Denuncia Constitucional 386, contra el presidente de la República, el ministro de Economía y los magistrados del Tribunal Constitucional, por la presunta infracción del numeral 1 del artículo 26 de la Constitución; y la Denuncia Constitucional 396 contra el ministro de Cultura, Alejandro Arturo Neyra Sánchez;
Finalmente, la Denuncia Constitucional 358, contra el magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón de Taboada, y la Denuncia Constitucional 444 contra el congresista Luis Andrés Roel Alva.
INFORMES AL ARCHIVO
La Comisión Permanente aprobó, en distintas votaciones, los informes finales que recomiendan el archivo de cuatro denuncias constitucionales.
La primera de ellas es la Denuncia Constitucional 2, formulada por los señores Augusto Pretel Rada y Alfonso Chunga Ramírez contra el señor Óscar Urviola Hani, exmiembro del Tribunal Constitucional y en su oportunidad presidente del mismo, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, falsificación de documentos y falsedad ideológica, previstos en los artículos 418, 427 y 428, respectivamente, del Código Penal.
Fueron 22 a favor del archivamiento, 2 en contra y 4 abstenciones.
Además, se debatió el informe final sobre la Denuncia Constitucional 20, formulada por el excongresista Daniel Abugattás Majluf contra los exmagistrados del Tribunal Constitucional Carlos Mesía Ramírez, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda por la supuesta infracción constitucional a los artículos 45, 51, 147, 150 y 154 (inciso 1) de la Constitución Política.
Se pronunciaron a favor del archivamiento 21 legisladores, 2 en contra y hubo 4 abstenciones.
También, se envió al archivo el informe final sobre la denuncia constitucional 244, formulada por el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos, contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra Monteverde, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública –delitos cometidos por funcionarios públicos – de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias, contemplados en los artículos 397 y 400 del Código Penal, respectivamente.
Votaron en ese sentido, 15 parlamentarios. 5 congresistas se pronunciaron en contra, y hubo 7 abstenciones
Finalmente, se archivó el informe final sobre la Denuncia Constitucional 379, denuncia formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el excongresista Clemente Flores Vílchez, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias, contemplados en los artículos 394 y 400 del Código Penal, respectivamente.
18 congresistas votaron a favor de esta decisión, 2 en contra y hubo 6 abstenciones.
REGRESA A SUBCOMISIÓN
La Comisión Permanente aprobó una cuestión previa, solicitada por el legislador Carlos Almerí Veramendi (PP), para que regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe final sobre la Denuncia Constitucional 266 formulada por la excongresista Yeni Vilcatoma de la Cruz contra el fiscal Supremo Pablo Sánchez Velarde, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, contemplado en el artículo 377 del Código Penal.
La decisión se tomó por 17 votos, 5 en contra y 3 abstenciones
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