El Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, enviar a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, los proyectos de ley 6378/2020-CR y 6364/2020-CR que buscan derogar el artículo 6 del Decreto de Urgencia 118-2020 que deja sin efecto el feriado nacional del jueves 8 de octubre de este año.
El dispositivo del Poder Ejecutivo fue emitido como parte de las medidas extraordinarias y urgentes en el marco de la emergencia nacional por la COVID-19.
El PL 6378, de autoría del legislador Ricardo Burga (AP), propone derogar el artículo 6 del DU 118/2020.PE y consolida el derecho a remuneración del trabajador en un día feriado sin descanso.
Burga Chuquipiondo recordó que el 8 de octubre ha sido consagrado en 1940 feriado mediante Ley 9126 y que hoy el Ejecutivo «viola el artículo 51 de la Constitución que establece las jerarquías legales».
Por su parte, el PL 6364/2020-CR, iniciativa del legislador Lenin Bazán Villanueva del Frente Amplio, propone la Ley que restituye el derecho de trabajadoras y trabajadores al descanso el día feriado del 8 de octubre de 2020 o a su justa retribución en caso de laborar.
La propuesta, que también propone derogar el mismo artículo 6 del DU del Ejecutivo, plantea la retribución a los trabajadores que hubieran laborado el 8 de octubre de acuerdo a lo establecido en el Decreto 713 que consolida la legislación sobre descanso remunerado de los trabajadores sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada.
Para los trabajadores estatales, la propuesta de Bazán Villanueva consiste en que el Estado retribuya la compensación (por haber laborado el 8 de octubre) independientemente del régimen laboral al que pertenezcan.
La legisladora Martha Chávez (Fuerza Popular) coincidió con que ambos proyectos de ley sobrepasan los límites constitucionales. Advirtió que las propuestas terminarían finalmente castigando al empleador que tendría que pagar una remuneración triple al trabajador que ya laboró.
El parlamentario Francisco Sagasti del Partido Morado solicitó una cuestión previa, que finalmente fue aprobada, para que estas iniciativas sean derivadas a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, a fin de buscar un planteamiento más acorde a la realidad y debatir los ribetes inconstitucionales del DU emitido por el Poder Ejecutivo.
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