La Comisión de Constitución, presidida por el congresista Fernando Rospigliosi, aprobó con 15 votos a favor, 3 abstenciones y 6 en contra, el predictamen que propone otorgar amnistía a policías, militares y comités de autodefensa por actos cometidos entre 1980 y 2000 durante el conflicto interno.
La medida ha sido impulsada por el congresista Jorge Montoya y respaldada por bancadas conservadoras, con el argumento de que se busca proteger a quienes lucharon contra el terrorismo.
De Fuerza Popular votaron a favor Fernando Rospigliosi, Martha Moyano, Patricia Juárez, Nilza Chacón y Rosangella Barbarán. De Avanza País, José Williams y Alejandro Cavero. Renovación Popular sumó con Alejandro Muñante y Noelia Herrera. También votaron a favor Juan Lizarzaburu y José Elías de APP, Jorge Morante y Alfredo Azurín de Somos Perú, y Gladys Echaíz de Honor y Democracia. Luis Aragón de Acción Popular también se alineó con esta postura.
En contra se pronunciaron congresistas de bancadas de izquierda y centroizquierda. Por Perú Libre, votaron Isaac Mita y Jorge Cruz Mamani. De Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Víctor Cutipa; de la Bancada Socialista, Alex Flores; y por el Bloque Democrático Popular, Ruth Luque. También se opuso Heidy Juárez Calle de Podemos Perú.
Optaron por la abstención Wilson Soto (Acción Popular), Segundo Quiroz y Alex Paredes (ambos del Bloque Magisterial de Concertación Nacional), mostrando distancia frente a la medida.
El predictamen ha generado rechazo de organizaciones de derechos humanos y especialistas legales. La crítica principal es que la norma no delimita claramente qué conductas quedarían amparadas, lo que podría permitir impunidad para casos de violaciones graves a los derechos humanos, como desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.
El proyecto plantea que no se podrá abrir ni continuar procesos penales contra estos agentes del Estado si actuaron en el marco del combate al terrorismo. Pero al no precisar criterios legales ni excluir delitos de lesa humanidad, se corre el riesgo de desproteger a las víctimas y vulnerar compromisos internacionales del Perú.
