Fuente: Nodal
Según lo anunció la semana pasada el embajador chino ante Naciones Unidas (ONU), Liu Jieyi, quien preside en estos momentos el Consejo de Seguridad de la organización, para este lunes se tiene prevista la aprobación de la resolución que crea la Segunda Misión para apoyar el proceso de paz en Colombia. A diferencia de la primera, que se concentró en la verificación del cese del fuego bilateral y el desarme de las Farc —labores que en estos momentos todavía se llevan a cabo—, esta nueva misión se centrará en el acompañamiento a la integración en la sociedad de los exguerrilleros, incluyendo los temas de seguridad, tal y como lo solicitaron el gobierno colombiano y el grupo insurgente.
Su carácter será netamente civil, teniendo en cuenta que la misión actual está integrada en su mayoría por observadores militares. El proceso surtido ayer en el Consejo de Seguridad es protocolario, pues ya se cuenta con el respaldo de todos sus miembros y del secretario general de la ONU, António Guterres, quien ha dicho que la idea es que la operación que actualmente está en vigor asuma en un primer momento algunas de las nuevas tareas de forma provisional, a la espera de que se establezca plenamente la Segunda Misión. Lo que se sabe es que entre el 11 y el 25 de agosto, la ONU elaborará y presentará el informe final sobre la dejación de armas de las Farc y el cese del fuego. Y la Segunda Misión iniciará en firme su labor aproximadamente el día 27.
Asimismo, es de esperar que su radio de acción se amplíe en cuanto a presencia geográfica de observadores. En la actualidad, como parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, sus delegados hacen presencia en las zonas veredales transitorias, donde la guerrilla adelanta el proceso de desmovilización, y ahora el objetivo será llegar hasta las regiones que han dejado las Farc, donde persisten amenazas por el brote de otras violencias y que son verdaderos laboratorios del posconflicto.
Ahora, es claro que cuando se habla de acompañamiento al proceso de reincorporación, además de los componentes sociales, económicos y políticos, un asunto primordial en estos primeros pasos de consolidación de la paz es el de la protección de los desmovilizados. De hecho, en la sesión del 30 de junio, cuando el Consejo de Seguridad abordó precisamente la petición del gobierno del presidente Santos para que se instalara la Segunda Misión, algunos de sus miembros expresaron preocupaciones por esos retos de seguridad tras la entrega de armas.
Por ejemplo, para los portavoces de Uruguay, Suecia, Kazajistán y Bolivia, lo que ya se está viviendo es, sin duda, el paso más complejo a seguir en la implementación de los acuerdos de paz. Una idea compartida por Guterres, que en un informe presentado ese mismo día sobre los avances de la Primera Misión expresó que “los ataques contra líderes sociales y comunitarios, así como contra miembros de las Farc y sus familiares, han aumentado las preocupaciones sobre la seguridad durante la fase de reincorporación y han puesto de manifiesto la importancia de ofrecer garantías y adoptar medidas para prevenir ese tipo de violencia”.
A comienzos de mayo, cuando el Consejo de Seguridad visitó Colombia, fueron los jefes de las Farc quienes pusieron sobre la mesa el tema de los asesinatos de excombatientes que han sido indultados y de líderes campesinos. Incluso, Pastor Alape, jefe guerrillero, dijo que lo que se esperaba es que dicho organismo expusiera sus lineamientos para tratar eficazmente este tema. “Aquí hay temas serios. Están matando a la gente, el Consejo de Seguridad de la ONU tendrá que observar y definir en su observación en qué podría aportar para que las instituciones ejecuten planes concretos de acompañamiento a las comunidades y de control en esos territorios”, manifestó.
Y las alarmas tienen por qué estar encendidas. Un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación revela que, antes de su concentración en las zonas veredales transitorias, las Farc operaban en 242 municipios y sobre esos territorios que abandonaron existen por lo menos cinco tipos de zonas posfarc: con presencia de Eln, con presencia de bandas criminales, con aumento de la delincuencia común, con expresiones de disidencias de las Farc y con esfuerzo de recuperación del Estado.
“Desde que se inició el proceso de paz, uno de los mayores retos que se advirtieron en materia de su sostenibilidad tiene que ver con las garantías y mejoras en la seguridad de los territorios en los que operó la guerrilla. Los riesgos de que estos espacios sean cooptados por otros grupos siempre ha estado latente, y las consecuencias de estas nuevas disputas pondrían estos territorios ante nuevos escenarios de violencia. En la región del sur de Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño y el Pacífico colombiano, este ocupamiento ya se ha presentado y se ha expresado en asesinatos selectivos, desplazamientos forzados e intimidación de las estructuras armadas contra la población civil”, advirtió Paz y Reconciliación.
Es decir, esta Segunda Misión que la ONU avaló ayer tendrá un mandato mucho más complejo, pues ya no se trata de verificar el cumplimiento de la desmovilización total de las Farc, sino de “verificar la reintegración política, social y económica, así como la puesta en marcha de las garantías de su seguridad”, que involucra de fondo al Estado y abarca las medidas planteadas en el texto del Acuerdo de Paz en la lucha contra los llamados grupos neoparamilitares. Su duración es todavía un interrogante. Lo claro es que Naciones Unidas tendrá ahora una labor mucho más activa en el proceso de reintegración de excombatientes y exmilicianos, en los que, como advirtió Jean Arnault, su representante en Colombia, “existe un sentimiento de incertidumbre por su seguridad y su futuro socioeconómico”.
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