Tala indiscriminada para siembra de pastos, cultivos ilícitos y desarrollo de infraestructura son los principales factores que afectan bosques amazónicos colombianos.
En el centro de Bogotá, la capital colombiana, una casona histórica guarda celosamente una muestra de los más grandes tesoros no sólo de Colombia, sino del mundo. En delicadas hojas de papel, dobladas a manera de sobre o haciendo las veces de un álbum fotográfico, filas de anaqueles conservan cerca de 107,000 ejemplares de plantas y unas 8,200 especies de flora georeferenciadas de la Amazonia colombiana.
Durante años, los biólogos del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, o Instituto SINCHI, han nutrido este herbario como un legado para recordar la riqueza ambiental del pulmón verde que respira en el sur del país.
Son 483,164 Km², el 42% del territorio nacional, amenazado por la deforestación que le ha hecho perder una tasa de 110,215 Ha por año desde 1990.
Aunque Colombia logró reducir este fenómeno en un 17%, según la tendencia de crecimiento de la deforestación estimada para el 2018, lo que se tradujo en 40,360 Ha de bosque natural salvadas a nivel nacional y 5,971 en la Amazonia, las cifras siguen siendo preocupantes. El 70% de la deforestación del año pasado se concentró en la región amazónica, aumentando en un 4.6% respecto al 2017.
“En la Amazonia es donde el gobierno ha enfocado sus principales esfuerzos para reducir la deforestación en el país, para dar alternativas sostenibles, para hacer un mejor manejo del bosque, pero también para incrementar las actividades de control y vigilancia”, explicó Ricardo José Lozano, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en una rueda de prensa a la que asistió Noticias Aliadas.
La praderización, pérdida de bosque húmedo tropical para ser sembrado con pastos; los cultivos de uso ilícito y desarrollo de infraestructura, son los principales factores que están afectando la Amazonia colombiana.
El Instituto SINCHI realiza desde el año 2002 seguimiento a diferentes aspectos de esta región del país, entre ellos el Sistema de Monitoreo de Coberturas de la Tierra de la Amazonia Colombiana (SIMCOBA), que tuvo su último reporte el 2018.
Según este estudio, la praderización le ha robado 185,433 Ha de bosque nativo en los últimos 16 años, en un proceso continuo y permanente en donde el uso se centra en la ganadería extensiva.
“Tenemos un saldo muy grande entre lo que se transforma de bosques a pastos, y esto es insostenible social y económicamente”, aseguró a Noticias Aliadas Uriel Gonzalo Murcia, coordinador del programa de investigación Modelos de Funcionamiento y Sostenibilidad del Instituto SINCHI.
Políticas contradictorias del Estado
En concepto de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), los cambios en la Amazonia colombiana son la suma de actividades de tipo ilegal, políticas sectoriales mal planificadas, reacción tardía del Estado frente a las diferentes problemáticas y políticas contradictorias. Por ejemplo, mientras se estimulan acciones de conservación, se promueve a la vez el desarrollo de hidrocarburos en el departamento amazónico del Putumayo.
En el artículo “Transformación de la Amazonia. Repercusiones del efecto sinérgico entre políticas erráticas e ingobernabilidad”, publicado en la edición 11 del 2018 de la Revista Colombia Amazónica del Instituto SINCHI, Rodrigo Botero, director de la FCDS, y Adriana Rojas, coordinadora de Sistemas de Información Geográfica de la misma institución, aseguraron que los nuevos grupos armados ilegales han consolidado su presencia territorial en zonas de frontera de deforestación, fundamentados en el apoyo a nuevas migraciones a las que se les otorga tierras en zonas de conservación.
“Al lado de estos nuevos colonos, han entrado nuevos y grandes inversionistas. Se configura así, un singular paisaje en el que grandes fincas, pequeños y medianos campesinos y grupos de cocaleros coexisten bajo el poder territorial de estas fuerzas ilegales. Las normas de la colonización, de la apropiación del suelo y de la inversión pública son frecuentemente establecidas por poderes regionales que, usualmente, tienen una expresión armada”, señalaron.
Por esto, para la ambientalista Margarita Pacheco el levantamiento del catastro multipropósito es una herramienta clave para la defensa de esta región.
“Mientras no tengamos una cartografía precisa se seguirán tomando tierras porque no hay límites”, aseguró a Noticias Aliadas. “Es muy fácil seguir ampliando feudos con fronteras invisibles, aprovechando testaferros, con notariados y registros arcaicos, porque los límites de los parques, de las reservas forestales y de los resguardos indígenas no son claros”.
El gobierno es consciente de esta necesidad y anunció que el programa piloto para el levantamiento del catastro iniciará en la región de la Amazonia aproximadamente el próximo noviembre. “El tema más delicado de la Amazonia es el tema de acaparamiento extensivo de las tierras, y por eso vamos a comenzar el catastro en esta región, la identificación de esos predios, es el reto más grande que tenemos hoy en día”, dijo el ministro Lozano.
Aprovechamiento del bosque
Para el Instituto SINCHI, si bien hay que trabajar para que el 12% de la Amazonia que ya está intervenida pueda migrar a un modelo sostenible, no hay que olvidarse de las oportunidades y el potencial existente en el 88% que permanece intacto.
El reto es implementar un modelo para que se mantenga, consolidando modelos de aprovechamiento sostenible, dado que esa porción de territorio le genera beneficios ambientales a todo el país, como regulación climática y para que el 12% logre consolidar un modelo distinto al actual en cuanto a su uso y ocupación.
“El bosque no es para tenerlo en una caja de cristal, se puede hacer aprovechamiento sostenible sin tumbarlo todo. Proyectos de turismo ambiental, polinización, producción de artesanías, entre otros. La meta es mantener el bosque en pie, generando bienestar a las comunidades”, aseguró Murcia.
En un fallo histórico de abril del 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonia como sujeto de derecho en buscar de proteger este ecosistema, y ordenó al gobierno tomar una serie de medidas para su protección.
Un año después, y pese a una baja reducción en las proyecciones de reducción del bosque, no se ha logrado detener la deforestación. El Ministerio del Medio Ambiente es optimista y considera que en el 2020 se recogerán los frutos de medidas como la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y del llamado Plan Artemisa, coordinación interinstitucional entre la fuerza pública, la Fiscalía, las autoridades locales y la autoridad ambiental, para contrarrestar este flagelo.
Los expertos coinciden en que se debe involucrar además otros ministerios como el de Agricultura, favorable al desarrollo agroindustrial en la frontera amazónica, el del Interior que debe empoderar a los indígenas en su rol de guardianes del bosque, y el de Educación que debe propender por un cambio cultural frente al manejo y visión del territorio.
No obstante, los expertos coinciden en que falta mayor articulación de los diferentes ministerios y entidades del Estado para lograr el objetivo común de proteger la Amazonia y, más aún, consideran que se debe trabajar en un cambio cultural en el que un hacha clavada en el tronco de un árbol no sea señal de progreso y desarrollo. (Jenny González Camacho desde Bogotá / Noticias Aliadas.)
Acerca del autor
