Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos alertaron sobre lo que consideran una maniobra orientada a beneficiar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Según la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), algunos sentenciados estarían intentando evitar el cumplimiento efectivo de sus penas alegando edad avanzada o problemas de salud. La organización expresó su preocupación a través de un pronunciamiento público en el que advierte sobre posibles acciones que favorecerían su liberación.
Entre los nombres mencionados se encuentra César Manríquez Bravo, exintegrante de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), condenado por crímenes vinculados a la llamada Operación Colombo. También figuran Héctor Osses, responsabilizado por homicidios en la población San Gregorio, y Jorge Mandiola, implicado en la denominada Operación Alfa Carbón.
Las críticas también apuntan a Constanza Garrido, recientemente designada al frente del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. De acuerdo con la información difundida, habría instruido a los abogados querellantes en estos casos a no impugnar resoluciones judiciales favorables a los condenados, basándose en consideraciones médicas o de salud mental.
Frente a ello, la Asociación de Funcionarios del programa cuestionó la medida, calificándola de arbitraria e ilegal, y advirtió que en la práctica podría configurarse un mecanismo de “indultos pasivos”.
Las organizaciones recordaron que el Programa de Derechos Humanos tiene como función principal brindar respaldo jurídico y social a los familiares de víctimas de ejecuciones políticas y desapariciones forzadas. En ese sentido, señalaron que la falta de acción en estos procesos podría terminar favoreciendo escenarios de impunidad.
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