La Fiscalía de la Nación citará a testigos y dispondrá diligencias para esclarecer las versiones encontradas sobre la agresión contra un interno.
Una nueva denuncia por agresión física dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita) involucra a uno de los seis adolescentes sometidos a cuatro meses de internamiento preventivo por el ataque sexual contra un alumno del Liceo Naval Almirante Guise. El hecho fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) por la madre de otro interno, quien acudió a la comisaría de San Miguel tras registrarse un altercado en las duchas del establecimiento.
La acusación inicial difundida en medios planteó una posible agresión sexual; no obstante, reportes posteriores y el espacio informativo Beto a saber precisaron que se habría tratado de un ataque físico ejercido por uno de los principales investigados contra un estudiante de cuarto de secundaria.
De acuerdo con la reconstrucción del incidente, el menor agredido se habría acercado al único interno de cuarto año para expresarle que no participó directamente en los hechos del 15 de septiembre, lo que desencadenó la reacción violenta de los involucrados mayores.
Los seis adolescentes permanecen recluidos en un mismo ambiente bajo la supervisión de un solo educador, compartiendo espacio pese a estar investigados por la misma causa. Las fiscalías y unidades policiales especializadas deberán tomar declaraciones, revisar las cámaras de seguridad del recinto y realizar los peritajes médicos y psicológicos para esclarecer si existieron negligencias en la custodia o alertas previas no atendidas por el personal a cargo.
En el plano judicial, la Segunda Sala Especializada de Familia ratificó por mayoría, con dos votos a favor y el voto en discordia del juez superior Edgar Gilberto Padilla Vázquez, quien planteaba comparecencia con restricciones, el internamiento de cuatro meses dispuesto el 18 de septiembre.
Paralelamente, la víctima de 15 años retomó sus actividades escolares en el Liceo Naval bajo el acompañamiento permanente de sus compañeros de clase y docentes. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo exigió a las autoridades educativas y judiciales garantizar la atención integral del menor y deslindar las responsabilidades administrativas del personal adulto que custodiaba el transporte escolar durante la competencia deportiva.
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