El magistrado Dias Toffoli desestima la validez de los sistemas Drousys y My Web Day B en el proceso del caso Interoceánica Sur.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil emitió una resolución en la que declaró la imprestabilidad e inutilidad, bajo el ordenamiento jurídico de ese país, de las pruebas extraídas de los sistemas Drousys y My Web Day B vinculadas al expresidente peruano Alejandro Toledo.
La medida, firmada por el ministro Dias Toffoli, extiende al exmandatario los efectos probatorios que el STF ya había aplicado en favor de otros investigados del caso Lava Jato, al considerar comprometida la cadena de custodia de la información gestionada en su momento por el 13.º Juzgado Federal de Curitiba. La decisión será notificada formalmente al Gobierno peruano a través del Ministerio de Justicia de Brasil y el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional (DRACI).
Pese al pronunciamiento emitido en Brasilia, la resolución no anula de forma automática la condena de 20 años y seis meses de prisión impuesta a Toledo en octubre de 2024 por los delitos de colusión y lavado de activos en el marco de la Carretera Interoceánica Sur. Debido a que el fallo dictado por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional se encuentra en etapa de apelación ante la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, la defensa del exjefe de Estado podrá incorporar la decisión brasileña dentro de sus argumentos procesales; sin embargo, corresponderá exclusivamente a los magistrados peruanos evaluar su impacto y fiabilidad bajo las reglas procesales locales.
Antecedentes y jurisprudencia en el Poder Judicial del Perú señalan que los cuestionamientos a pruebas en el extranjero no conducen necesariamente a su exclusión en el fuero nacional, en especial cuando el material fue incorporado previamente o respaldado por fuentes independientes, testimonios de colaboradores eficaces y más de mil pruebas documentales actuadas durante el juicio oral. Por el momento, Alejandro Toledo permanece recluido en el Penal de Barbadillo, a la espera de que la justicia peruana resuelva de manera definitiva los recursos de segunda instancia.
