El Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva inició un proceso formal y notificó a Washington su intención de negociar para atenuar las nuevas trabas comerciales.
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva formalizó la apertura de un proceso de evaluación para aplicar medidas comerciales de reciprocidad a Estados Unidos, en respuesta a los recargos arancelarios de entre 12.5% y 25% impuestos por Washington a productos brasileños.
Aunque la activación de este marco normativo no implica la aplicación inmediata de impuestos de importación, establece el inicio de un análisis técnico para determinar contramedidas proporcionales y abre una fase previa de diálogo con la administración estadounidense.
La medida de Washington se sustentó en acusaciones de presuntas prácticas comerciales desleales y uso de trabajo forzoso, fundamentos que Brasilia rechazó de manera categórica al calificarlos de «injustificados y arbitrarios».
Frente a esta coyuntura, el Ejecutivo brasileño no solo notificó a Estados Unidos su intención de iniciar consultas bilaterales para aminorar el impacto económico, sino que también elevó una disputa formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para dirimir el conflicto en el fuero multilateral.
El roce comercial coincide con un escalamiento en el plano diplomático, agudizado tras la revocación del visado a la embajadora de Brasil en Washington por parte de la administración estadounidense. Las autoridades brasileñas sostienen que las restricciones exceden el ámbito técnico-comercial y responden a motivaciones de índole política, por lo que mantendrán la vía de negociación abierta antes de dictaminar qué sectores o productos estadounidenses se verían afectados en caso de no alcanzar un acuerdo.
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