Los representantes ejecutivos de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba manifestaron su rechazo institucional ante una potencial declaratoria de Estado de Excepción por parte del Poder Ejecutivo en dicha región. Los voceros de las organizaciones cocaleras adelantaron que, en caso de implementarse la medida restrictiva, las bases sindicales no acatarán las disposiciones de control ni las limitaciones de movilidad, orientando sus acciones hacia una campaña de desobediencia civil.
Esta postura se formaliza en un contexto de alta fricción política tras las gestiones normativas promovidas por la administración del presidente Rodrigo Paz ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, disposición que ha sido cuestionada por el expresidente Evo Morales.
Argumentación dirigencial y despliegue de comisiones de resistencia
El dirigente sectorial Gastón Ledezma aseveró que los más de 250 mil afiliados pertenecientes a los sindicatos agrarios de la región del trópico se encuentran articulados para impedir la validación del régimen de excepción dentro de su jurisdicción territorial. Por su parte, el representante Víctor Mencía señaló que la población local actuará como un cerco de protección ante eventuales incursiones de las fuerzas del orden, vinculando las medidas gubernamentales con supuestos operativos destinados a la localización y captura del exmandatario Evo Morales, quien permanece resguardado en la provincia de Chapare.
Por el contrario, sectores de análisis político y técnico sostienen que la persistencia de las medidas de presión responde a una estrategia jurídica orientada a obstruir la ejecución de una orden de aprehensión vigente contra Morales por el presunto delito de trata agravada de menores. La dirigencia movilizada rechaza los señalamientos del Ejecutivo que asocian las protestas con actividades de narcoterrorismo, enmarcando sus demandas en la exigencia de la renuncia del actual jefe de Estado.
Marco legal de la medida y balance de las afectaciones económicas
La reciente promulgación de la ley que regula los Estados de Excepción faculta al Gobierno central a disponer el despliegue de contingentes de las Fuerzas Armadas con el propósito de liberar las carreteras principales, restringir de manera temporal los derechos de reunión y libre tránsito, y aplicar el principio de presunción de legalidad durante las intervenciones de restablecimiento del orden público. Las disposiciones legales buscan mitigar el impacto de los bloqueos de vías que, durante los meses de mayo y junio, han aislado áreas logísticas clave y paralizado el transporte pesado nacional.
Las evaluaciones financieras reflejan pérdidas de gran envergadura debido a la interrupción de los corredores viales. Los principales indicadores económicos detallan los siguientes perjuicios en la región:
- Impacto acumulado: Durante los primeros cinco meses del año 2026, el departamento de Cochabamba registró afectaciones económicas por un valor de Bs. 1,932.9 millones, una cifra que supera el balance de daños reportado durante la totalidad del periodo anual precedente.
- Perjuicio financiero diario: Los reportes de los gremios productivos estiman un impacto económico adverso de aproximadamente Bs. 87.7 millones por cada jornada de paralización, comprometiendo los flujos de abastecimiento de mercancías, la actividad comercial, el transporte interdepartamental y la estabilidad de los puestos de empleo directos e indirectos.
Acerca del autor
