Derechos Humanos: Denuncian terrorismo de Estado, acuden a la ACNUR y anticipan consecuencias de sus actos violentos
Por la ola de violencia con muertes en el paro cívico de 19 días en Santa Cruz, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos denunció prácticas de terrorismo de Estado desde la Gobernación cruceña. Pro Derechos Humanos Bolivia puso en conocimiento los latigazos contra mujeres ayoreas y actos de ruptura constitucional y la Defensoría del Pueblo pidió a los responsables “estar conscientes de asumir las consecuencia de sus actos”.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Édgar Salazar, declaró que constató, en su visita a Santa Cruz, actos inhumanos contra mujeres ayoreas y sus hijos, denunció la muerte a golpes de un empleado en Puerto Quijarro, la del joven moto-taxista cuando retornaba a su casa y ahora la “toma y cierre” del Servicio de Impuestos Nacionales, regional Santa Cruz, que impide la recaudación de obligaciones tributarias para el erario nacional.
“Hay un creciente escenario de violación de derechos colectivos e individuales”, expresó el defensor del Pueblo Pedro Callizaya.
“Se está dando, lamentablemente, prácticas de terrorismo estatal proveniente, en ese caso, de una entidad del Estado, como es la Gobernación”, añadió.
Por su parte, la organización Pro Derechos Humanos Bolivia, dirigida por Nadeshda Guevara, presentó una denuncia ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Refugiados (ACNUR) contra el Subgobernador Daniel Velásquez, de la Provincia Ñuflo Chávez de Santa Cruz, por descargar latigazos sobre el cuerpo de madres ayoreas, quemar y destruir sus casas que se oponían al paro del gobernador Luis Fernando Camacho.
Coincidió con la APDHB, en describir los hechos puntuales como sostenidas violaciones de los derechos de los ciudadanos disidentes del gobernador Camacho y Comité Cívico pro Santa Cruz.
La situación de alta conflictividad, señala la denuncia, pareciera estar dirigida a “generar nuevas tensiones en vista de una nueva ruptura constitucional como en 2019”. Por esto, Pro Derechos Humanos solicitó a la ACNUR “poner mirada atenta sobre violaciones a los derechos humanos, que se siguen dando por el paro cívico”.
La Defensoría del Pueblo pidió “a las partes en conflicto” dejar de actuar con “tozudes”; “no podemos tolerar la violencia, venga de donde venga” y a los responsables “estar conscientes que deben asumir las consecuencias de sus actos”.
La APDHB demandó al gobierno nacional restablecer las garantías y derechos constitucionales de los ciudadanos víctimas de las agresiones desde grupos violentos.
Salud responsabiliza a gobernador Camacho y a cívico Calvo ante posibles muertes por el paro cívico
El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, responsabilizó este miércoles al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ante posibles muertes en la capital cruceña, por ocasionar la falta de atención en centros hospitalarios, debido al paro cívico indefinido que convocaron hace 19 días.
“El verdadero carnicero que está buscando muertes en el departamento de Santa Cruz es el señor Rómulo Calvo con el apoyo al señor Luis Fernando Camacho”, aseveró la autoridad.
Asimismo, ratificó su compromiso con la población boliviana de seguir trabajando en defensa de la vida y de la salud pública.
Hace días se dio una instrucción de que se deje pasar en los puntos de bloqueo a ambulancias, vehículos policiales y de servicios públicos. No obstante, los testimonios de los afectados muestran que la orden no se cumple.
Si bien en algunas zonas de la ciudad las actividades se desarrollan con relativa normalidad, en otros lugares se instalaron puntos de bloqueo con pitas extendidas de un extremo a otro de la vía o con escombros echados sobre el piso o ramas u otros objetos, que impiden la libre locomoción de estos vehículos.
Fuente: Agencia Nodal | ABI | Ahora el Pueblo
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