Las organizaciones adscritas a la Central Obrera Boliviana (COB), en coordinación con diversos movimientos sociales y de carácter campesino, ratificaron la continuidad de las movilizaciones y el cierre de vías en múltiples regiones del país.
La medida de fuerza responde al rechazo de las reformas económicas implementadas por la administración del presidente Rodrigo Paz. Tras un encuentro ampliado a nivel nacional, la dirigencia sindical desestimó de forma unánime la convocatoria al diálogo planteada por el Poder Ejecutivo.
Como parte de las acciones de protesta, una columna de manifestantes realizó una marcha de 25 kilómetros desde la ciudad de El Alto hacia las inmediaciones de la plaza Murillo, en La Paz, con el objetivo de exigir la dimisión del jefe de Estado y manifestar su oposición a la reestructuración del modelo de gestión pública.
Puntos de bloqueo, desabastecimiento e impacto en los servicios esenciales
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó el registro de 80 puntos de bloqueo distribuidos en seis de los nueve departamentos del territorio boliviano. La mayor concentración de interrupciones viales se localiza en el departamento de Cochabamba con 32 cortes de ruta, seguido por La Paz con 19 puntos restringidos.
Las agrupaciones gremiales señalaron que las protestas también responden a una presunta persecución judicial, fundamentada en la vigencia de una orden de aprehensión contra su principal dirigente, Mario Argollo, cuya suspensión fue denegada por los órganos competentes del Poder Judicial.
La paralización prolongada del transporte terrestre ha generado las siguientes consecuencias en los principales centros urbanos:
- Canasta básica: Severo desabastecimiento de alimentos e incremento progresivo de precios en los mercados de La Paz y El Alto.
- Sector salud: Carencia de insumos médicos esenciales en la red de centros de salud públicos de las zonas afectadas.
- Combustibles: Interrupción en el suministro de gasolina por seis días consecutivos, lo que motivó a grupos independientes de conductores a obstaculizar vías urbanas en demanda de abastecimiento inmediato.
Estancamiento de la mediación y marco normativo sobre el estado de excepción
Los esfuerzos de mediación y aproximación desarrollados conjuntamente por la Iglesia católica, la Vicepresidencia del Estado y la Defensoría del Pueblo se mantienen paralizados. Desde la Defensoría del Pueblo se emitió una alerta institucional advirtiendo que el empleo de un lenguaje confrontativo por parte de portavoces gubernamentales dificulta el establecimiento de canales de negociación con los delegados del sector laboral y de transportes.
Por su parte, el Ejecutivo defendió la legitimidad de sus decisiones financieras y argumentó que los mecanismos de excepción constitucional representan los recursos legales previstos para salvaguardar el orden interno, sosteniendo que las mesas de diálogo previas se agotaron debido a la naturaleza de las demandas políticas sectoriales.
La tensión social, que acumula más de 30 días, coincidió con la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de abrogar la Ley 1341. Dicha norma, formulada originalmente sobre la base de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tras los sucesos institucionales de 2019, regulaba la participación combinada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en tareas de control de disturbios, determinando responsabilidades penales específicas por el uso de la fuerza.
La derogación de esta ley restituye las facultades operativas directas del Ejecutivo para disponer la intervención militar en apoyo a las fuerzas policiales durante contingencias de orden público.
Propuesta de referéndum revocatorio como alternativa de resolución constitucional
Ante el estado de conflictividad, el diputado Carlos Alarcón planteó formalmente la viabilidad de convocar a un referéndum revocatorio extraordinario como mecanismo institucional para resolver la crisis política y social. La propuesta legislativa contempla someter a consulta ciudadana la continuidad en el cargo del presidente de la República, del vicepresidente y de los miembros titulares y suplentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
De acuerdo con el planteamiento del legislador, el proceso consultivo técnico ofrecería dos escenarios jurídicos: en caso de que la votación respalde a las autoridades vigentes, estas completarían su mandato constitucional programado hasta el año 2030; por el contrario, de imponerse la opción de la revocatoria, se procedería de manera inmediata a la convocatoria de elecciones generales anticipadas.
La iniciativa busca trasladar la resolución del conflicto al ámbito electoral para evitar el incremento de hechos de violencia en la vía pública y reactivar el aparato productivo del país.
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