La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación, Delia Espinoza. La acusación formal involucra al expresidente Pedro Castillo y a los exministros Geiner Alvarado y Félix Chero, a quienes se les imputan delitos contra la administración pública como cohecho pasivo propio y cohecho impropio. La decisión fue tomada con seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.
El documento señala que los presuntos actos de corrupción habrían ocurrido entre 2021 y 2022. Se acusa a Castillo de haber solicitado y recibido dinero del ministro Alvarado para financiar a su familia, influir en votaciones de vacancia presidencial y, presuntamente, sobornar a jueces en procesos contra sus allegados.
Otros casos y denuncias
- Geiner Alvarado: Se le acusa de exigir dinero a la empresaria Sada Goray a cambio de modificar el directorio del Fondo Mi Vivienda y gestionar una asignación irregular de 376 millones de soles para su empresa, Marka Group.
- Félix Chero: En su rol de exministro de Justicia, habría solicitado y recibido dinero a cambio del nombramiento de funcionarios en la Superintendencia de Registros Públicos, favoreciendo así los intereses de la misma empresaria.
Denuncias improcedentes y otros trámites
En la sesión, la subcomisión también declaró improcedente la denuncia del ciudadano Celso Anaya contra los integrantes del Tribunal Constitucional, por falta de fundamento. De igual forma, se rechazó la denuncia de la ciudadana Patricia Tubilla contra los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia, al no demostrar ser una parte directamente afectada.
Por otro lado, se aprobó la acumulación de las denuncias constitucionales 478 y 574 contra el fiscal supremo Pablo Sánchez, presentadas por los congresistas Patricia Chirinos y Alejandro Muñante, al tratarse de la misma materia. Además, se otorgó un plazo de cinco días a la exministra Betssy Chávez y al exministro Rosendo Serna para presentar sus descargos.
La Subcomisión informó también sobre el ingreso de 17 nuevas denuncias constitucionales, que incluyen a congresistas y exfuncionarios de alto nivel.
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