El 8 de julio de 2024 marcó la oficialización de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, tras un extenso camino de más de seis meses de debates, protestas y modificaciones. La norma, finalmente aprobada, llevó a cabo un proceso de desregulaciones económicas, privatizaciones y ajustes en el aparato estatal, junto con una reforma tributaria en favor de las empresas y una profunda reforma laboral. Además, concedió facultades extraordinarias para gobernar por encima del Congreso Nacional. Los fundamentos de la norma prometían una llegada masiva de inversiones externas y, con ello, la creación de miles de empleos.
Sin embargo, a un año de su aprobación y con 157 decretos dictados al amparo de la ley, los resultados son considerablemente distintos. Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), liderado por el economista Hernán Letcher, da cuenta de los alcances de la norma y arroja un balance marcadamente pernicioso para los trabajadores y el desarrollo nacional.
Mediante resoluciones unilaterales, en este período, se disolvieron nueve entes, programas y regímenes especiales, así como una veintena de fondos fiduciarios y fideicomisos destinados a promover el desarrollo de sectores económicos específicos, la obra pública, la vivienda popular, la ciencia y la tecnología. A la vez, seis empresas públicas fueron transformadas en Sociedades Anónimas o quedaron sujetas a privatización, mientras que once organismos estatales sufrieron profundas transformaciones, transferencias de sus bienes y descentralizaciones. Once leyes protectoras de derechos individuales, sanitarios y sectores industriales fueron derogadas, y decenas de sectores económicos sufrieron desregulaciones en favor de la supuesta libertad de empresa.
La política de privatizaciones de empresas implica el abandono de áreas estratégicas en el desarrollo energético, tanto en la minería (YCRT) como en la energía nuclear. Las empresas que fueron excluidas del listado de privatización, de cualquier forma, han sido objeto de vaciamientos, desmantelamientos de áreas e incluso cambios en sus razones sociales. Son los casos del Banco de la Nación, la Casa de la Moneda, Aerolíneas Argentinas, IMPSA (turbinas), Trenes Argentinos Capital Humano y Represas Comahue, entre otras.RIGI: Promesas Incumplidas de Inversión y Empleo
Uno de los puntos clave de la ley de Bases fue el establecimiento de un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que concede grandes beneficios impositivos, fiscales y cambiarios para atraer inversiones extranjeras. Lo cierto es que, en un año, se aprobaron apenas cinco proyectos, de los cuales cuatro ya estaban en curso previo a la aprobación de la norma. El 58% de los montos involucrados en el total de 14 presentaciones realizadas corresponde a proyectos en manos de la petrolera estatal YPF, que propone inyectar poco menos de U$S 9.6 mil millones, haciendo uso de beneficios que, a la vez, tienden a vaciar las arcas del Estado. Según el CEPA, “las inversiones de magnitud prometidas no solo no se han concretado, sino que el rubro IED del Balance Cambiario es negativo en USD 1.500 millones desde la asunción, en virtud de la desinversión constatada en distintas actividades y con autorización».
El estudio indica que “los cinco proyectos aprobados significan una inversión de U$S 2.105 millones a desembolsarse en el primer año, apenas el 40% de la Formación de Activos Externos registrada en 45 días (abril y mayo 2025)”. El CEPA alerta sobre la normativa que establece que “al tercer año de maduración de los proyectos el régimen establece la libre disponibilidad de divisas. Hasta ahora no se ha registrado el desembolso de ni un solo dólar de IED correspondiente a estos proyectos, lo que deja en evidencia el desfasaje entre las promesas del régimen y su implementación real”. Además, destacan, “en materia de empleo, la generación de puestos de trabajo también es deficiente: los cinco proyectos anunciados implicarían la creación de apenas 1.616 empleos directos”.
Además, destaca el informe, “varios de los proyectos ya habían sido anunciados públicamente antes de la aprobación del régimen, lo que indica que su concreción no dependía del nuevo esquema de incentivos”. Por ejemplo, los casos de Galan Lithium, el parque solar El Quemado, Carbonatos Profundos en San Juan y el Proyecto Sal de Oro, todos anunciados entre febrero y diciembre de 2023. Por eso, sostienen, “el RIGI está sirviendo como una herramienta para maximizar beneficios de proyectos que ya estaban en carpeta”.
Del otro lado, los empleos directos e indirectos que se proyecta que podrían crear las inversiones anunciadas por RIGI representan apenas el 20.7% de los puestos de trabajo destruidos en el sector privado desde diciembre de 2023. Es que, puntualizan, “el régimen muestra que no se trata de un esquema intensivo en generación de puestos de trabajo”.
La norma, además, redujo la alícuota del impuesto a los bienes personales, uno de los más progresivos del régimen tributario local. Por eso, desde la sanción de la norma, la incidencia de ese gravamen cayó desde el 2.9% del total que representaba en 2020 al 1.4% en julio y agosto de 2024. Del otro lado, la restitución del impuesto a las ganancias sobre los salarios implicó que el gravamen pasara de alcanzar al 1.7% de los asalariados hasta el 12.2%. Esto favoreció a los sectores de mayor riqueza.
La reinstalación del Impuesto a las Ganancias a trabajadores trajo como resultado mayor regresividad tributaria y “intensificó la presión fiscal sobre los ingresos formales, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo”. No solo se eliminaron “exenciones que resguardaban a los asalariados cuando sus ingresos aumentaban transitoriamente por el cobro de horas extras, bonificaciones u otros conceptos variables”, sino que, además, “se suprimió el piso diferencial que beneficiaba a los trabajadores de la zona patagónica, quienes hasta entonces comenzaban a tributar a partir de ingresos un 22% más elevados que el promedio general”.
El estudio del CEPA también dio cuenta de los efectos de la reforma laboral impulsada. Entre las medidas adoptadas, como la extensión del período de prueba y la figura del colaborador (antes empleado), no generaron ningún aumento significativo del empleo registrado. Se redujeron sanciones por no registrar trabajadores y se implementó un blanqueo laboral sin resultados significativos. La informalidad laboral no se redujo, sino que, por el contrario, pasó del 40.8% en el primer trimestre de 2024 hasta el 42% en el último trimestre de ese año. Del otro lado, entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 se registró una pérdida neta de empleos registrados en el sector privado de 115,353, mientras creció la registración bajo la modalidad de monotributo.
