El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aprobó la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030, la cual es de aplicación obligatoria y establece medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción de este delito en el país.
Fue mediante el Decreto Supremo N.° 010-2025-JUS, publicado en el boletín Normas Legales del diario El Peruano.
El decreto establece que la política nacional se constituye como el instrumento rector del Estado para enfrentar este delito y sus efectos en la sociedad y la economía nacional.
Dicha política fue elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) y tiene como finalidad reducir la incidencia del lavado de activos en el país, un delito que permite al crimen organizado insertar fondos ilícitos en la economía formal, afectando a los ciudadanos, la confianza en las instituciones y el correcto funcionamiento del sistema económico nacional.
De acuerdo a la norma, el lavado de activos permite al crimen organizado dar apariencia de legalidad a los fondos ilícitos, generando consecuencias como el deterioro del sistema económico, el fortalecimiento de redes criminales y la pérdida de confianza en las instituciones del Estado.
En ese sentido, busca reducir las prácticas asociadas al lavado mediante cuatro enfoques principales:
- Reducción del comportamiento susceptible de constituir lavado de activos.
- Mejora en los sistemas de prevención con enfoque basado en riesgo.
- Fortalecimiento de la capacidad del Estado para combatir este delito.
- Mejora de la coordinación entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil.
