El ex congresista aprista y reconocido dirigente sindical, Luis Negreiros Criado advirtió que hace pocos días el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo Nº 1666, que bajo el eufemismo de que está destinado “a fortalecer el marco normativo de la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público”, resulta en realidad un golpe a un derecho humano fundamental al que el propio Estado se muestra renuente a reconocer en las relaciones laborales con sus propios trabajadores. al intentar desconocer las reglas de juego establecidos mediante convenios colectivos que de ninguna manera deberían modificarse.
En ese sentido Luis Negreiros advirtió que este DL afectará directamente a millón 500 mil trabajadores que figuran en las planillas de diversas entidades del Sector Público No Financiero, incluyendo el Gobierno Central, gobiernos regionales y municipalidades, así como universidades públicas, superintendencia de Bomberos y empresas públicas no financieras del gobierno nacional.
Están exceptuadas la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y del Banco Central de Reserva del Perú.
“La Gestión Fiscal que alude el DL 1666 2024, implica “evaluar, validar y registrar ingresos relacionados con los recursos humanos, garantizando transparencia y legalidad”. Lo que no menciona es que la pone por encima de los demás porque será la que finalmente dará el visto bueno a todos los acuerdos a las que arriben las partes en las negociaciones y eso es intolerable e inaceptable, arguyó el líder sindical.
El mismo DL establece que las medidas sobre ingresos deben ser autorizadas por ley y contar con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (es decir que no basta que cada pliego de reclamos sea aprobado, por ejemplo, en Tumbes, sino que esta tendría que venir a Lima para contar con el V°B° del MEF). Además, también regulará los aguinaldos, gratificaciones y los reajustes automáticos de ingresos, según la disponibilidad presupuestaria.
Negreiros Criado dijo que, por lo pronto, corresponde al Congreso dela República revisar dicho decreto legislativo y determinar si excede las materias delegadas al Ejecutivo y si es violatorio de la Constitución y proceder a derogarlo.
“En este contexto, el comunicado de la Federación de Trabajadores de la Región Arequipa, que lidera Mercedes Núñez Gutiérrez, es una documentada y adelantada defensa de la ley 31188 sobre la naturaleza jurídica de la negociación colectiva. Así como el cumplimiento cabal de los Convenios de OIT como el 087 de Libertad Sindical, que el Perú es signatario, por tanto, obligado a cumplir a cabalidad este derecho consagrado en la histórica y consecuente Constitución del año 1979 y de 1993”, argumentó el ex congresista chalaco.
Negreiros, que fue en varias oportunidades Secretario General del Sindicato de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos- Callao (SITENAPU) y presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso en dos oportunidades, señaló que la declaración sindical de los hermanos arequipeños pugna -con la fuerza de la razón y la justicia-, por reabrir el debate político, técnico, social laboral y sindical, para reivindicar la negociación colectiva. Un debate al que los trabajadores de todas las Regiones del país deberían sumarse, enfatizó.
Luis Negreiros señaló que, de acuerdo con el Comunicado de la Federación de los trabajadores arequipeños, la masa trabajadora del país debe organizarse para la defensa de sus derechos plasmados en los convenios aprobados por ambas partes, respaldando a sus dirigentes y reclamar que sus derechos no deberían ser conculcados. Lo mismo, deben hacerlo las Centrales y las Confederaciones del país. Al respecto, adelantó que los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Región Arequipa ya vienen coordinando con otras Centrales del país para hacer un reclamo conjunto, el mismo que podría desencadenar en una huelga general de los trabajadores estatales de todo el país.
“La reclamada Reforma del Estado, que debe ser democrática, exige con mayor razón a este gobierno, no soslayar ni el diálogo ni la negociación colectiva.”, finalizó.
(Al despedirnos Negreiros amplió su preocupación por que este DL de fiscalización presupuestaria, también alcanza al Ministerio Público, al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República. La mayoría son instituciones involucradas en el proceso electoral que está próximo a iniciarse oficialmente, aunque algunos ya están en campaña. Un dato que se debe tomar en cuenta).
Por Octavio Huachani.
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