También para José Carlos Isla, Genaro Miñán, Sabrina Martín y Oscar Chiri
El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y otros.
Se pidió también la misma medida y por el mismo periodo para José Carlos Isla, Genaro Miñán, Sabrina Martín y Oscar Chiri; quienes estarían inmersos en, al menos, 20 hechos criminales que los vincularían con los delitos antes mencionados.
La medida fue solicitada por la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada – Equipo 3.
Junto a otras dirigentes de la FPF y dirigentes de clubes deportivos, Agustín Lozano fue detenidos en forma preliminar el pasado 7 de noviembre por un plazo de 15 días, en el marco de una investigación fiscal por el caso los Galácticos.
Apelación a detención preliminar
Justamente hoy, la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional realiza la audiencia para resolver la apelación planteada por la defensa de Lozano a la detención preliminar que lo mantiene detenido.
Durante la audiencia, el fiscal superior coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Jorge Chávez Cotrina, dijo que a Lozano se le imputan 14 hechos en su condición de miembro de una presunta organización criminal que habría perjudicado a la FPF.
Mencionó entre ellos haber llevado en un vuelo alquilado por la FPF como invitados a personas que no tienen ninguna relación con esta institución, entre ellos el dueño de una conocida cevichería, y que, además, el día del allanamiento a la sede de la Videna se encontró viviendo a una abogada en ambientes destinados para los deportistas.
Chávez Cotrina señaló además que Agustín Lozano no cuenta con arraigo domiciliario porque el departamento que ocupa en San Borja es pagado por la FPF y que tampoco constituye arraigo laboral su vínculo con la FPF porque habría “tomado esa institución” con fines delictivos.
La abogada de Lozano, Giulliana Loza Avalos, en tanto, dijo que no hay riesgo procesal en su patrocionado pues desde el primer momento de la investigación se apersonó a la misma y colaboró con todas las investigaciones.
«Cómo puede haber riesgo de fuga si no se le convocó a declarar desde hace tres años en las carpetas de investigación fiscal», refirió al precisar que no hay incoherencia en su domicilio de Lima y Chiclayo, pues informó al Ministerio Público que reside en San Borja.
Fuente: Agencia Andina
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