Pleno aprueba modificar primer párrafo de Disposición Complementaria Final de la Ley 30693
Durante la sesión del Pleno se aprobó por mayoría el Proyecto de Ley 2537, que propone modificar el primer párrafo de la Decimosexta Disposición Complementaria Final de la Ley 30693, Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2018.
La mencionada legislación fue aprobada por la Representación Nacional con 64 votos a favor, 22 de contra y 10 abstenciones, con exoneración a segunda votación. Cabe indicar que también fue desaprobada la cuestión previa para que regrese a la Comisión de Presupuesto.
Al respecto, la congresista Karina Beteta (FP), presidenta de la Comisión de Presupuesto, explicó que la citada iniciativa tiene como firme propósito dinamizar la economía nacional y mejorar la ejecución del gasto, al retornar a los gobiernos locales y regionales el presupuesto que se revirtió al erario público nacional de los proyectos que obtuvieron la buena pro pero no lograron el consentimiento durante el ejercicio fiscal 2017.
“Existe un gran número de proyectos de inversión provenientes de los gobiernos locales y regionales que alcanzaron la buena pro pero que al no obtener el consentimiento antes del 31 de diciembre del 2017, se quedaron sin presupuesto al verse visto afectados por la normativa actual”, expresó.
Como ejemplo, la legisladora reveló que en el transcurso del 2017 cerca de 30 universidades públicas iniciaron procesos de selección, adquisición y contratación para la ejecución de 276 proyectos de inversión por el monto de 573 millones de soles. Sin embargo, al 31 de diciembre por diversas causas se comprometieron sólo 337 millones, quedando el resto sin poder ser ejecutado.
“Se está perjudicando la continuidad de ejecución de los proyectos de inversión, afectando la infraestructura de muchas universidades públicas y su impacto en la formación de profesionales”, declaró.
Añadió que el pedido de continuidad para el año fiscal 2018 de proyectos de inversión no concluidos en el 2017 y que se encontraban en actos preparatorios o procesos de selección iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 2017, ascienden a 29 millones de soles por la Municipalidad Metropolitana de Lima, cerca de 122 millones de soles por 54 municipalidades provinciales y 605 millones de soles por municipalidades distritales.
“De no autorizarse la continuidad de estos proyectos, muchos gobiernos paralizarán su obras, perjudicándose no sólo a la población, sino además, al erario público nacional pues habrá pérdidas por gastos administrativos y penalidades”.
La congresista también puntualizó que no se está solicitando mayores recursos, pues se trata de proyectos que contaban con buena pro y presupuesto pero que por la normatividad actual se revirtió al estado peruano. “Por culpa de trámites burocráticos no pueden cumplir con sus proyectos. No son presupuestos adicionales, pues ya estaban garantizados en el 2017”.
Durante el debate de la ley, el parlamentario Mártires Lizana (FP), propulsor de la legislación, indicó que con su aprobación se asegura la continuidad de dichos proyectos. “No es posible que el país se paralice. Debemos apoyar estos proyectos que son principalmente de zonas rurales del país. Son muchos millones de soles invertidos hasta la buena pro que se estarían perdiendo. Hagamos justicia por estos pueblos”, sustentó.
A este pedido se sumaron los parlamentarios Clayton Galván (FP), Segundo Tapia y Gilmer Trujillo (FP), quienes apuntaron la importancia de esta ley para dinamizar el presupuesto y continuar la ejecución de proyectos.
“Hagamos eco para que se devuelva el presupuesto para aquellas obras que se han quedado paralizadas”, manifestó Clayton Galván. “Basta de tanto centralismo que hace tanto daño a nuestro país. Se debe atender la brecha de infraestructura que existe en el Perú”, indicó el legislador Gilmer Trujillo.
Por su parte, Marisa Glave (NP) expresó su preocupación sobre cómo se iba a garantizar la devolución de este presupuesto a los gobiernos locales y regionales, tomando en cuenta la existencia del Decreto de Urgencia 004 que dictamina la reducción de los recursos para financiamiento.
En tanto, Alberto Quintanilla (FA), criticó la ley de presupuesto por ser “absolutamente centralista y no obedecer a la realidad nacional”. Sólo se destina el 12 y 13 % de inversión pública para gobiernos locales y regionales, agregó. .
El congresista Marco Arana (FA) manifestó que no existe voluntad política de avanzar en el proceso de descentralización, pues “no se han proporcionado herramientas adecuadas para mejorar la eficiencia de las administraciones de los gobiernos locales y regionales”.
Eloy Narváez (APP) también cuestionó las trabas burocráticas impuestas por el gobierno central, que hacen difícil y largo el trayecto para aprobar proyectos de inversión pública. “Basta de abusos a nuestros pueblos. Al más pobre, le ponen más trabas”, sostuvo.
El parlamentario Guido Lombardi (PPK) aclaró que no se pueden prorrogar los gastos del 2017 al 2018. “Afecta el principio de competencia presupuestaria y la prohibición de generar gastos”. Mientras que Pedro Olaechea (PPK) remarcó que el gobierno central sólo posee el 23% del capital nacional, pues el resto se destina a regiones y municipios. “No es cierto que el gobierno central se quede con la mayoría. No existe un efecto centralizador, la mayoría de los recursos hoy están en los gobiernos locales y regionales”.
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