Y se formaliza su reinserción a la vida civil
Hoy se acaban las zonas veredales y puntos transitorios de normalización. Pondores, en La Guajira, será la última en despedir los contenedores que llevarán hacia Bogotá las armas con las que las Farc le hicieron la guerra al Estado por 53 años.
Dichas armas serán fundidas para construir tres monumentos que se ubicarán en una población -aún por definir- de Colombia; en la sede de la ONU en Nueva York, EE.UU., y La Habana (Cuba), sede de los diálogos entre Gobierno y Farc.
Los lugares que vieron llegar a los guerrilleros armados, uniformados con camuflados y en los que hoy habitan hombres y mujeres vestidos de civil, que hacen su tránsito a la legalidad, se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
Es decir, los excombatientes seguirán viviendo allí mientras se alfabetizan, homologan conocimientos y estudian algunos programas ofertados por el Sena y por universidades para darle paso a sus proyectos productivos.
Cambia la seguridad
Hasta ayer en la tarde la Misión de la ONU en Colombia había extraído los contenedores de 17 de las 26 zonas. Aunque el día oficial para el inicio de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación es hoy, desde que sale el contenedor se acaba la figura de zona veredal.
Lo que pasa entonces, de acuerdo con Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales, es que la Fuerza Pública empieza a copar todo el espacio, se acaban los cordones de seguridad y se da pleno despliegue de policía, carabineros y militares, de ser el caso.
Ya es tarea del Ministerio de Defensa definir cuántos hombres cuidarán esos territorios para garantizar la seguridad de los excombatientes y de las comunidades circundantes. En principio, serán 40 policías por tres años que estarán de planta en estas veredas, dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas a Colprensa.
Además, “en las zonas de alta complejidad habrá un dispositivo militar de entre 450 y 500 uniformados de las Fuerzas Militares entre oficiales, suboficiales y soldados. En las zonas de complejidad media y baja se dispondrá de un dispositivo de 281 uniformados. Ellos permanecerán en la región durante el tiempo que se considere pertinente para neutralizar las amenazas a la seguridad”.
Pero en las Farc no están tranquilos. En la madrugada de ayer, solo dos días después de que salieran los contenedores con armas de la zona veredal de Santa Lucía, en Ituango, hombres armados sacaron de una vivienda y asesinaron a Jesús Adán Mazo, conocido como alias “Andrés Molina”, exjefe de milicias del Frente 18 de las Farc. Los hechos ocurrieron a solo media cuadra de la escuela de esa vereda.
“Pastor Alape”, miembro del secretariado, manifestó que la salida de las armas de los lugares de concentración dejó a los excombatientes completamente indefensos.
Lo mismo piensan los habitantes de esa comunidad y de Caño Indio, en Norte de Santander, donde de manera similar asesinaron al exmiliciano Norbey Téllez.
El uso de los campamentos
Los contratos de arrendamiento y servicios públicos de los campamentos en los que ahora viven los excombatientes fueron extendidos por el Gobierno hasta finales de noviembre, indicó Córdoba.
Aún varias de esas zonas que hoy terminan su vida jurídica no han sido construidas completamente, todavía hay guerrilleros durmiendo en cambuches. Carlos Córdoba señaló que en 25 de los 28 campamentos la tarea del Gobierno ya terminó, pero que en varias de ellas los exguerrilleros no han terminado de construir los alojamientos. Las zonas con más dificultades son Caldono, Cauca, y Mesetas, Meta, donde fue necesario edificar campamentos adicionales.
Estos espacios serán ahora como un barrio, la institucionalidad en pleno podrá ingresar y algunas de las infraestructuras construidas como aulas y canchas podrán ser utilizadas también por la población civil.
El gerente no sabe cuánto durarán estos espacios, ya que depende, en gran medida, de la voluntad de los miembros de las Farc para quedarse. A su vez, los excombatientes aseguran que todo depende de las condiciones de seguridad con las que cuenten. Ya el censo de la Universidad Nacional dijo que el 77 % de ellos no tienen una vivienda a la cual ir.
Mientras tanto se capacitarán. El Gobierno les seguirá proveyendo la alimentación hasta finales de septiembre, momento en el cuál ya los excombatientes habrán recibido la primera o segunda renta mensual, correspondiente al 90 % de salario mínimo y los dos millones de pesos de normalización, para que compren ropa y utensilios básicos.
“Me imagino que ahí ya harán vaca, o no sé que sistema se inventen para mantenerse”, aclaró Córdoba.
Hoy, a las 10 de la mañana, un acto público cerrará este ciclo de implementación, atrás quedaron las zonas vedadas para los civiles, las prohibiciones para sobrevolar a menos de 500 pies de altura, entre otras medidas necesarias para garantizar el cese al fuego, pero a la vez inicia la parte más difícil del proceso: la reincorporación de los excombatientes.
Paréntesis
La Misión de la ONU en Colombia ya asumió el mandato de verificar la reincorporación de los miembros de las Farc y las garantías de seguridad. De acuerdo con el general José Mauricio Villacorta Rivas, jefe adjunto de los observadores internacionales, ya hay equipos de transición locales en cada zona veredal conformados por cuatro integrantes y hay equipos desplegados en las sedes regionales y locales. Además, el mecanismo de monitoreo y verificación seguirá funcionando hasta el 1 de septiembre, cuando la primera misión se dispondrá a entregar los informes finales, ya que termina sus labores el 25 de septiembre. El 26 iniciará tareas la segunda misión.
(Fuente: Nodal)
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