Autoridades prevén que la cifra de involucrados se incremente mientras avanzan las investigaciones por tráfico ilícito de migrantes, falsedad genérica y delitos informáticos.
La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) desarticuló la organización criminal La Hermandad Fronteriza, una red operativa dentro de la Superintendencia Nacional de Migraciones que convirtió el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y diversos puestos fronterizos en vías de salida encubiertas. La banda estaba integrada por seis inspectores migratorios en actividad, cinco en retiro y un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes cobraban sobornos en dólares para omitir controles administrativos y manipular las bases de datos oficiales.
El esquema delictivo funcionaba mediante la transmisión por WhatsApp de fotografías de pasaportes y comprobantes de depósitos bancarios antes del arribo del pasajero al módulo. Una vez en ventanilla, los agentes simulaban la fiscalización sin registrar los datos reales en los sistemas del Estado. Entre los casos documentados figura la fuga de Omar Castañeda, conocido como Loco Omar, imputado por homicidio en el Callao, quien salió hacia España en noviembre de 2022 tras el pago de USD 500 a los inspectores involucrados.
Evasión de controles para menores y redes de tránsito internacional
Las interceptaciones telefónicas acopiadas por el Ministerio Público revelaron que la organización también cobraba sumas de entre USD 120 y USD 180 para autorizar la salida de menores de edad sin el permiso notarial exigido por la legislación peruana. Para concretar el trámite ficticio, las familias eran dirigidas a módulos específicos del terminal aéreo, como la casilla 22 o las ventanillas preferenciales.
Asimismo, la Dirincri determinó que la red facilitó el tránsito irregular de ciudadanos ecuatorianos con impedimento de salida en su país de origen. Los viajeros ingresaban por la frontera norte, se trasladaban a Lima y abordaban vuelos hacia Estados Unidos, utilizando el aeropuerto capitalino como punto de conexión regional. Entre los operadores clave identificados figura Yojani Rugel Sullón, exservidora investigada previamente por su presunta participación en la fuga del exjuez César Hinostroza en 2018.
Alcance procesal e imputación penal
Las investigaciones de las autoridades confirman hasta el momento que al menos 218 personas salieron del país mediante este mecanismo fraudulento en los puestos de Lima, Tumbes y Puno, aunque la fiscalía no descarta que el número de beneficiarios aumente conforme avancen los peritajes a los sistemas informáticos.
Los investigados enfrentan cargos por tráfico ilícito de migrantes, falsedad genérica y vulneración de sistemas informáticos del Estado. El Ministerio Público y la Dirincri continúan con las diligencias para determinar la responsabilidad de otros servidores públicos e implementar medidas restrictivas sobre los accesos al sistema migratorio nacional.
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