El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, anunció que las instalaciones se edificarán con módulos prefabricados para acelerar el ensamblaje en los terrenos seleccionados.
El Poder Ejecutivo evalúa la implementación de medidas extraordinarias en el sistema penitenciario con el objetivo de frenar el avance de la extorsión y el sicariato en el país. Como parte de esta estrategia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) proyecta la construcción de un complejo penitenciario en el distrito de Huacho que contaría con capacidad para albergar a 24 mil reclusos.
El titular del sector, Ernesto Álvarez, detalló que el proyecto contempla una infraestructura dividida en dos áreas: un módulo de máxima seguridad destinado a 10 mil condenados por delitos graves y un segundo espacio orientado a 14 mil reos primarios. Para acelerar los plazos de ejecución, el Gobierno busca reducir los trámites administrativos a un periodo de seis meses y concretar la edificación en un plazo no mayor a un año mediante el uso de estructuras modulares prefabricadas.
Estrategia legal e integración del sistema de justicia
El plan gubernamental establece un esquema operativo de dos fases. La primera etapa se enfoca en la identificación, captura y juzgamiento de integrantes de bandas criminales, mientras que la segunda define el régimen de aislamiento e internamiento. Este modelo toma como referencia las reformas legales aplicadas en Centroamérica, las cuales incluyeron el endurecimiento de penas por tenencia ilegal de armas y la articulación de unidades especializadas entre la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En esa línea, Álvarez señaló que la experiencia piloto iniciada en la ciudad de Trujillo se replicará en la capital, específicamente en la corte del Lima Norte. Asimismo, el ministro cuestionó las continuas modificaciones al Código Penal aprobadas en gestiones anteriores, calificando el marco normativo actual como fragmentado y sin coherencia interna, por lo que planteó la necesidad de elaborar un nuevo texto punitivo en coordinación con el sector académico y los operadores del sistema de justicia.
Diferenciación de regímenes y propuesta de resocialización
Respecto al tratamiento penitenciario, la propuesta ministerial establece un régimen estricto y de máxima seguridad para cabecillas de organizaciones criminales. En contraste, para los internos de menor peligrosidad y procesados por delitos sin violencia se diseñará un esquema enfocado en la reinserción social y el trabajo productivo.
Este modelo para reos primarios contempla la instalación de talleres de maquinaria y centros de producción agropecuaria e industrial dentro de los penales, con el objetivo de fomentar la actividad laboral de los reclusos y evitar que escalen hacia delitos de mayor gravedad durante el cumplimiento de sus condenas.
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